Ya son 22 los testigos que durante diez audiencias han confirmado con sus testimonios que María Lourdes Afiuni es inocente. La jueza acusada por dejar en libertad al empresario Eligio Cedeño, se ha visto en la obligación de hacer presencia en los juicios para confirmar la complicidad que existe entre el juez y los fiscales. “Quiero comprobar con mis propios ojos como violan las leyes y mis derechos en estas audiencias”, dijo.
Por Alicia De La Rosa para Venezuela Awareness
“El juicio lo pueden hacer 20 veces pero si la conducta de (María Lourdes) Afiuni no es delito, ningún testimonio de la Fiscalía sirve para condenarla”. La conclusión viene de la abogada Thelma Fernández, quien junto a sus colegas, José Amalio Graterol y Juan Garantón, han asumido la defensa por casi seis años del caso más sonado en Venezuela y el mundo, el de la juez María Lourdes Afiuni. Su único delito, dejar en libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, siguiendo una orden del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El juicio que comenzó nuevamente en abril de 2015, tras haber sido interrumpido en octubre de 2013, ya lleva diez audiencias donde han declarado 22 testigos, quienes han ratificado que la jueza “no cometió ningún delito”.
“Tú no puedes tapar el sol con un dedo, allí no hay delitos. Tu puedes hacer ese juicio 20 veces con los mismos testigos y nunca vas a conseguir a ninguno que declare incriminando a Afiuni (…) Ellos pueden declarar y decir lo que ella hizo pero es que lo que hizo no es delito, simplemente está en sus facultades como juez titular acordar libertades, apoyándose en las leyes venezolanas y en pronunciamientos internacionales”, explicó la representante legal.
Afiuni fue detenida el 10 de diciembre de 2009, recluida en la cárcel de mujeres, Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado a 30 kilómetros de Caracas, y acusada por los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad y favorecimiento a la evasión. Su caso marcó la historia del país al ser la primera magistrada condenada a pena máxima (30 años de prisión) por el Presidente de la República de Venezuela, el fallecido Hugo Chávez Frías, en cadena de radio y televisión.
Aseguró Fernández que las acusaciones de los fiscales del Ministerio Público, Richard Monasterios (10 Nacional), Marelis Lovera (37 Nacional) y Felipe Hernández (109 del Área Metropolitana de Caracas), contra la magistrada “son fraudulentas”, y sus alegatos no tienen “pertinencia y utilidad” para el juicio. “Cuando acusas y ofreces un testigo, tienes que decirle al juez la pertinencia, utilidad y necesidad de ese testigo para llevarlo a un juicio. Si no existen esos elementos, el juez no admite el testimonio”.
Como la Fiscalía se ha visto perdida en el juicio, “objeta todo lo que pregunta la Defensa y el juez le admite todas las objeciones, situación que ha generado conflicto en las audiencias y nos ha permitido quitarle la máscara al juez que lleva el caso, Manuel Bonagno, y corroborar su complicidad con los fiscales Hernández, Lovera y Monasterio”.
Esta situación de complicidad entre el juez y los fiscales, trajo como consecuencia que María Lourdes Afiuni, quien está en libertad condicional desde el 14 de junio de 2013 con presentación ante tribunales, prohibición de salida del país, prohibición de hablar a los medios y de escribir en las redes sociales, Twitter y Facebook, hiciera acto de presencia en las audiencias.
“Ella (Afiuni) espera las declaraciones e interrogatorios de los testigos y al final de cada audiencia pide la palabra, no para declarar en contra de ellos, sino para agregar detalles o cuando la Fiscalía impide los interrogatorios de la Defensa. Ella ha tenido que sumarse al equipo para hacer su propia defensa conjuntamente con nosotros (los abogados)”, dijo el abogado José Amalio Graterol.
Vergüenza en el Poder Judicial
La primera vez que la jueza Afiuni rompió el silencio en el juicio, el pasado 30 de junio de 2015, narró los detalles de la tortura, maltrato y violación sexual que sufrió durante el año 2010 cuando estuvo privada de libertad por un año y dos meses.
Según la abogada Fernández, Afiuni explicó al Tribunal “como le destruyeron la vagina, el ano y la vejiga cuando custodias del INOF y funcionarios del Ministerio Público la violaron”, declaraciones que fueron difundidas por los medios de comunicación.
En febrero de 2011, Afiuni fue trasladada a un hospital en la ciudad capital, Caracas, e intervenida quirúrgicamente por una “grave afección en el útero”, producto de los abusos sexuales a los que fue sometida. Las pruebas, exámenes y estudios que se le han realizado a la magistrada están en manos de Naciones Unidas, razón por la cual expertos, relatores y comisionados de organizaciones internacionales han emitidos pronunciamientos sobre el caso y el Gobierno de Venezuela, durante su evaluación en el Comité de Derechos Humanos de la ONU (julio 2015), negó que existiera tal denuncia.
“A mí me vaciaron el útero porque lo tenía vuelto mierda. Me destruyeron la vejiga y el ano y estoy toda reconstruida, tengo malla y por lo menos no tengo guindando la vejiga, la vagina y el ano. Ha pasado tanto tiempo y aún tengo dolores. Yo fui atendida en el Hospital Oncológico Padre Machado, donde se horrorizaron de mi cuadro y para lograr que los médicos me revisaran yo tuve que pasarles un papel a escondidas. Cuando me examinaron, ellos tuvieron que dejar a un lado el problema del seno porque era más grave el daño que tenía por debajo”, precisó Afiuni en la audiencia realizada el 30 de junio de 2015.
En la última audiencia realizada el 13 de octubre, precisó la abogada Fernández, el juez Bonagno “no sabía dónde meter la cabeza de la vergüenza porque Afiuni les dio clases de moral y ética a los fiscales del Ministerio Público”.
“Aquí (en Venezuela) los jueces tienen que esperar que el Jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) apruebe una boleta de excarcelación cuando eso debe ser de inmediato cumplimiento; aquí los jueces tienen miedo de actuar apegados al derecho y a las leyes, porque la justicia en este país se maneja acorde a lo que quiere y beneficia al Gobierno”, dijo la jueza durante su intervención.
Intención de interrumpir juicio
El equipo de la Defensa también advirtió que el juicio podría ser interrumpido de nuevo si los fiscales “se encuentran en un callejón sin salida”.
“Nuevamente se pondrá en evidencia que hubo delitos por parte de los fiscales del caso Eligio Cedeño, William Guerrero, protegido de la fiscal Luisa Ortega Díaz y Daniel Medina, abogado de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional; además de los funcionarios del Sebin cumpliendo órdenes arbitrarias. Cuando eso suceda, el Ministerio Público usara nuevamente una artimaña para interrumpir el proceso, salvo que exista una orden muy extrema del Ejecutivo venezolano de que se ponga fin a este juicio”, precisó Graterol.
El 23 de octubre de 2013, la juez Marilda Ríos informó a la Defensa que el juicio de Afiuni fue interrumpido por la ausencia de los fiscales del Ministerio Público. Según Graterol ese día estaba previsto un careo entre el fiscal William Guerrero, quien ordenó la detención de Afiuni y el allanamiento al Tribunal 31 de Control y los 10 funcionarios del Sebin que se encontraban en el despacho. “La juez Ríos nunca realizaría ese careo porque allí quedaría al descubierto todas las injusticias que se cometieron contra Afiuni y la juez tenía que declarar la absolutoria a nuestra defendida”.
“En este proceso está incriminado todo el mundo, funcionarios del Ministerio Público, personalidades del Poder Judicial menos Afiuni”, enfatizó.
Condenarla es inejecutable
Hoy (viernes 30 de octubre) está previsto que se continúe con el juicio (audiencia número 11), al cual María Lourdes Afiuni asistirá, “para ver con mis propios ojos como el juez Bonagno sigue en complicidad con la Fiscalía y con el Gobierno Nacional”.
“Nosotros hemos tenido nuestras estrategias para conducir este juicio, no son ni la Fiscalía ni el juez quienes han impuesto las reglas, somos nosotros (Defensa) que, aun encontrándonos en desventaja frente al Poder Judicial, obviamente dirigido por el Ejecutivo, no nos marcan la agenda. Nosotros somos quienes le hemos puesto el juego chiquito. Esta vez van (los fiscales) paso a paso, alargando la situación y no me extrañaría que cuando llegue a un punto más álgido, donde se terminen de desenmascarar que las personas que cometieron delitos fueron funcionarios del Ministerio Público, vuelvan a interrumpir el juicio”, sostuvo Thelma Fernández.
Al preguntarle la razón por la cual el Gobierno no ha logrado una sentencia en este caso, dijo la abogada que “ya no hay fundamento” porque el delito de favorecimiento a la evasión, “está prescrito” y el de corrupción propia y abuso de autoridad, que tiene una pena máxima de siete años, “ya cumplió la mitad”.
Además, “el delito de corrupción, no sólo establece una sanción corporal (prisión), sino una pecuniaria, multa del 50% de lo prometido. En este caso la propia fiscal Ortega Díaz dijo que durante la investigación, no se consiguió evidencia alguna de que Afiuni hubiese recibido dinero o promesa de ello a cambio de liberar a Cedeño ¿Cómo ejecuta un juez una condena que contempla una pena corporal y pecuniaria si no tenemos un monto? Condenarla es inejecutable”, enfatizó.
El equipo de abogados también denunció que a los observadores internacionales que asisten al juicio, el titular del Tribunal 17 de Juicio le ha prohibido la entrada a las audiencias, “particularmente a los europeos y las pocas veces que se les ha permitido la entrada es solo al observador que viene de Colombia, Luis Fernando Vargas”.
“El jefe de seguridad del Tribunal nos aseguró en reiteradas oportunidades que es una orden del juez Manuel Bonagno. Ante eso fuimos a hacer el respectivo reclamo y el magistrado desmintió a su personal. Luego hicimos la denuncia en la Presidencia del Circuito Judicial y hubo un impasse, pues ellos aseguran que es el juez el que dio la orden”, indicó la representante legal.
Otro de los detalles del proceso es que la Defensa, solicita al final de cada audiencia copia de los testimonios y también son negados por el juez. “Eso es una violación al debido proceso. Sin embargo, eso no ha impedido que sigamos documentando y enviando información a Naciones Unidas ”.
“Yo no quiero poner denuncias en Venezuela porque humillan a las mujeres violadas y a esta pendeja que está aquí, la van a joder. A mí el daño que me han hecho no me lo van a reparar ni con todo el oro del mundo (…) En Venezuela pisotean la ley y la Constitución y se la aplican a quien convenga y a quién no, al carajo”, expresó la jueza Afiuni quien aseveró, “estoy plenamente convencida que hice lo correcto”.