La existencia de 71 colectivos armados en Caracas, 80% de los cuales están en la zona oeste, es una situación que debe ser controlada para las elecciones parlamentarias del mes próximo, considera Marco Ponce, director ejecutivo de la ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, publica El Nacional.
Por SOFÍA NEDERR
Exhortó al gobierno a actuar para frenar la acción de esos grupos a través de medidas de seguridad, evitar focos de violencia y generar confianza durante el proceso del 6-D.
“Hemos hecho un mapeo geográfico en el que se contrasta la actuación de colectivos, civiles armados, que las organizaciones de derechos humanos denominamos paramilitares. Estas agrupaciones operan con la coordinación de las fuerzas de seguridad y la permisividad del Estado en zonas donde hay circunscripciones electorales. Son agrupaciones organizadas militarmente, con mandos y líneas de acción. La tendencia nos indica que estos grupos pudieran actuar en las elecciones y que Caracas podría ser la caja de resonancia de estos hechos”, indicó.
Ponce añadió que en el estudio realizado por el Observatorio de Conflictividad Social se evidenció que se aplican patrones de hostigamiento, persecución y psicoterror para que los trabajadores, que según dijo representan 80% del padrón electoral, voten por una tendencia política o un candidato determinado en las parlamentarias.
El activista afirmó que la sociedad civil trabaja para impulsar un proceso comicial según las normas democráticas. “Queremos elecciones justas”, enfatizó.
Riesgo fronterizo. Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, destacó que el país está controlado por “una bota militar” que podría incidir sobre los resultados electorales si no se ejerce presión para que se tomen medidas.
Reiteró la denuncia sobre el proceso de partidización política de la FANB, desde 2010, y la utilización de la institución castrense al servicio de la revolución como mecanismo que “obstaculiza” la transparencia del proceso comicial debido a la función fundamental que ejerce el Plan República.
Informó que en el estudio realizado se definió el mapa del Plan República, bajo el mando del Comando Estratégico Operacional de la FANB, desarrollado por las 7 Regiones Estratégicas y las 24 Zonas Estratégicas de Defensa Integral, cuyos jefes están identificados con nombre y apellidos para facilitar la contraloría ciudadana, así como las 99 Áreas de Defensa Integral a cargo de la Milicia. San Miguel subrayó la urgencia de que se designen y publiquen en Gaceta Oficial los jefes militares que conducirán esas áreas de milicianos, que fueron activadas por el presidente Nicolás Maduro el 24 de octubre.
“En la reforma de la Ley Orgánica de la FANB de 2014 se otorgó la condición de efectivos militares a la Milicias, cuando hay estados de excepción”, señaló. También mostró preocupación por la declaratoria de los estados de excepción cerca del proceso electoral, pese a la existencia de 44 zonas de seguridad fronteriza y 6 distritos militares.
San Miguel llamó la atención sobre la movilización de 30.000 efectivos a la zona fronteriza después de que concluyera la auditoría de los cuadernos electorales. Alertó sobre la incidencia electoral que podría tener la presencia militar en la zona fronteriza, donde se escogerán 32 diputados de la Asamblea Nacional, y pidió que se aclare sí se asignaron milicianos en la frontera.
El Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada Nacional, y Un Estado de Derecho presentaron nueve estudios de casos en los que se analizan aspectos sobre el próximo proceso electoral. Piden trabajar por el fortalecimiento de la integridad electoral. Las organizaciones divulgarán sus observaciones en el país y las entregarán ante organismos internacionales como Parlatino, Unasur, Mercosur, el Sistema Interamericano y el Comité de Derechos Civiles y Políticos.