El presidente de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay (JND), Juan Andrés Roballo, dijo hoy que el Gobierno está analizando la calidad y las características de distintos tipos de cannabis para elegir la comercialización en farmacias de aquel que sea menos perjudicial para el consumidor.
EFE
“Lo que hace el Gobierno es garantizar a través de diferentes mecanismos la calidad del cannabis porque el producto que llegue a quien decida consumirlo debe tener una determinada calidad y unos componentes controlados”, afirmó Roballo a la prensa.
El funcionario indicó que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase) son los organismos que están midiendo el porcentaje de THC (componente adictivo del cannabis) y la calidad en general de varios tipos de semillas “a los efectos de minimizar su daño”.
El semanario uruguayo Búsqueda publicó hoy que el Gobierno cultivó seis variedades de marihuana procedentes de España, de las cuales, una vez hechos los estudios pertinentes, elegirá tres para vender en farmacias.
“Se esta analizando un determinado número de variedades. Es un proceso que se viene haciendo desde hace tiempo y ya está prácticamente terminado, de ahí pasaremos a hacer una provisión de semillas y en breve se estará plantando”, explicó Roballo.
Uruguay aprobó en diciembre de 2013 una ley que despenaliza la producción y compraventa de marihuana, impulsada por el Gobierno del expresidente José Mujica (2010-2015), como forma de acabar con el negocio del narcotráfico.
A principios de octubre se adjudicó a dos empresas la licitación para cultivar el cannabis y el Gobierno marcó un plazo no menor a ocho meses para que sea vendido en farmacias.
Preguntado sobre si en el futuro se concederán más licitaciones, Roballo, que también es el prosecretario de la Presidencia, respondió que primero ha de llegar la marihuana a las farmacias y después se llevará a cabo una evaluación antes de abrir un nuevo proceso.
“Luego de ese paso va a tener que considerarse la posibilidad de abrir otro proceso de licitación porque de acuerdo al trabajo que se ha hecho sobre el consumo podemos evaluar que en este primer paso no necesariamente vamos a poder cubrir toda la demanda”, observó.
Roballo hizo estas declaraciones tras la firma de un convenio entre la JND y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) de Uruguay, órgano estatal autónomo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo.
El convenio establece compromisos mutuos de planificación de acciones conjuntos para la integración del enfoque de Derechos Humanos en el abordaje de las políticas públicas para el tratamiento y consumo de drogas.
“La supervisión del INDDHH contribuye a dar garantías a todo el proceso de regulación de la marihuana, tanto para las personas que deciden consumirla como para las que no, y completa lo que es una verdadera política de Estado”, sostuvo Roballo sobre el convenio.