Ante la acusación presentada por diputados oficialistas venezolanos a la Fiscalía de su país en contra del empresario Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, por supuesta traición a la patria y otros supuestos delitos contra “la independencia, la soberanía y la seguridad de la nación”, basada en un audio divulgado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el que Mendoza discute con el economista venezolano Ricardo Haussman la posible ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional a Venezuela, la Asociación de Industriales Latinoamericanos(AILA) manifiesta:
1.- Su repudio a una acción injustificada que atenta contra la libertad de pensamiento y expresión a que todo ciudadano tiene derecho en una sociedad democrática.
2.- Su rechazo a estas acusaciones, teniendo en cuenta que la gravedad de los hechos denunciados no sólo afectan al señor Mendoza y a su empresa, sino a todo el sector industrial y productivo venezolano, impactando negativamente en la estabilidad política del país y el clima empresarial en toda la región.
3.- Su reiterada invocación al gobierno venezolano a no continuar con medidas intimidatorias en contra del sector productivo del país, cuando es evidente que, hasta ahora, los continuos ataques contra el mismo han llevado a una gran cantidad de empresas a la quiebra o al borde de la misma, con el consiguiente daño a la economía y a la capacidad de atender las necesidades de la población, poniendo en riesgo los principios de libertad económica y el papel que juega la empresa privada como motor del crecimiento económico, la inversión y el empleo.
El gobierno culpa al sector productivo de provocar la escasez de productos como parte de una supuesta guerra económica contra la revolución socialista, cuando la realidad es que son precisamente las acciones y medidas del gobierno las que han provocado el gravísimo deterioro de la situación del país.
4.- Su solidaridad con el pueblo venezolano, con su sector productivo y con el señor Lorenzo Mendoza.
5.- Su llamado a desestimar las acusaciones mencionadas y a restablecer el diálogo social, en busca de soluciones sobre la base del respeto, sin intimidación ni abuso de poder.