La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este miércoles su satisfacción por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de otorgar medidas cautelares a los periodistas venezolanos Miguel Henrique Otero, Teodoro Petkoff, Alberto Federico Ravell y a su hija Isabel Cristina Ravell, “ante los graves actos de hostigamiento y persecución del gobierno por ejercer su derecho a la libertad de expresión”.
La Cidh solicitó este lunes 9 de noviembre al gobierno venezolano que se adopten medidas necesarias para garantizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión a Petkoff, Otero y Ravell, sin ser objeto de estigmatización y hostigamiento.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que a pesar de sentirse satisfecho por la decisión de la Cidh, “nos desalienta saber que el gobierno de Venezuela no las cumplirá como tampoco lo ha hecho con otras decisiones del sistema interamericano. Así ocurrió con el último fallo de la Corte Interamericana para que el gobierno permita reabrir Rctv y le devuelva sus activos”.
Paolillo agregó que estas medidas cautelares “tienen el doble efecto de hacer responsable a un Estado en caso de que sufran consecuencias las personas sobre quienes se pide protección y de mantener activa la denuncia y la atención sobre violaciones a la libertad de expresión que se cometen en países de nuestro hemisferio”.
Miguel Henrique Otero, presidente-editor del diario El Nacional, Teodoro Petkoff, de Tal Cual, y Alberto Federico Ravell, del portal web La Patilla, han recibido de parte de altos funcionarios del gobierno venezolano “reiteradas declaraciones estigmatizantes”, “actos de seguimiento y vigilancia”, “procesos penales y civiles por difamación” y “prohibición de salida del país”, entre otros métodos de hostigamiento que aplica el gobierno venezolano para coartar a medios que publiquen información que les resulta incómoda.
En abril pasado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, interpuso una demanda civil millonaria (alrededor de 78 millones de dólares) por supuesta difamación contra los tres medios que reprodujeron a principios de año una información del diario ABC de España sobre supuestos vínculos del alto funcionario con el narcotráfico. A los directivos de los medios involucrados en la demanda judicial se les prohibió la salida del país.
En su documento del 9 de noviembre la Cidh expresó que “existe una serie acumulativa de factores que generan un grave impacto para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
En el marco de las elecciones parlamentarias a realizarse el próximo 6 de diciembre, el organismo interamericano expresó que ante “la denunciada reducción del pluralismo informativo y la disminución de medios de comunicación independientes, resulta urgente la adopción de medidas para que los propuestos beneficiarios puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y movimiento sin ser objeto de actos de hostigamiento por el ejercicio de sus funciones periodísticas”.
NP