En un reciente artículo, (“Costosa forma de ganar votos” *), el economista Pedro Palma se propone analizar el nuevo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. Sobre su análisis pretendo comentar un aspecto central para la Venezuela actual que considero aparece de manera confusa en el escrito.
De entrada, Palma detecta que:
“Entre los principales objetivos que se buscan con esta acción, si no el más importante, es poner en marcha una medida populista que genere dividendos políticos en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre”
Acertadamente, equipara esta acción gubernamental con una anterior (el DAKAZO) -realizada para las municipales de diciembre de 2013 y políticamente exitosa, ya que logró traducirse en votos- pues ya la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee) ha venido fijando “precios justos”, para bienes de gran consumo, por debajo de sus costos que han causado pérdidas a las empresas; confiscado mercancías a pequeños comerciantes acusándolos de acaparadores; etc.
Hasta aquí todo claro. Pero, a reglón seguido, el autor sorprende con la siguiente afirmación:
“Es incomprensible cómo esas decisiones se están tomando” porque: “ha quedado demostrado hasta la saciedad que las mismas no son efectivas para lograr los objetivos económicos que, según las autoridades, estas persiguen”. Por tanto, el gobierno no va a lograr lo que dice buscar con ellas, esto es: “proteger el salario y los derechos socioeconómicos del pueblo, así como salvaguardar la economía nacional y asegurar el pleno abastecimiento y los precios justos”. El resultado final, no va a ser otro que: “agravar la escasez y el desabastecimiento que padecemos, fomentar la inflación y el comercio informal (bachaqueo)”.
Pero, todo este planteamiento es contradictorio con lo que se había afirmado al inicio. La contradicción estriba, a nuestro juicio, en que el autor enfoca el Decreto Ley desde un razonamiento político, a partir del cual aquél resulta comprensible. Pero de seguida, salta a un enfoque económico desde el cual el Decreto se torna incomprensible porque choca con la racionalidad económica.
El asunto de fondo es que la Política es una esfera autónoma con una racionalidad que le es propia, independiente de la racionalidad económica, y esto parece no estar claro para Palma y otros colegas. Los actores políticos guían su conducta con el fin de acceder y mantenerse en el Poder. Es vital entender que para regímenes no democráticos MANTENERSE EN EL PODER “como sea” es el Principio de Racionalidad Política. Este es el caso del gobierno de nuestro país, para el cual todo lo demás, incluyendo la economía, está subordinado a ese Principio.