“Los Magistrados Juan Luis Ibarra y Domingo Antonio Durán estarían consintiendo presuntas aberraciones procesales cometidas por la Jueza Mary Carmen Amarista Herrera en perjuicio de Kamel Salame, solo eso explicaría que esa juzgadora continúe al frente del proceso judicial en contra de nuestro representado”, así lo informó José Luis Centeno, apoderado judicial del empresario y político yaracuyano, tras denunciar el hecho en la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Centeno fue enfático, “además de irrazonable, resultaría aberrante que Mary Carmen Amarista Herrera siga siendo la juzgadora de Salame, porque ella además de estar siendo investigada penalmente por el Ministerio Público en relación a este caso, recientemente le abrieron un expediente administrativo disciplinario, en otras palabras, institucionalmente su ecuanimidad e imparcialidad están en tela de juicio, por un supuesto proceder contrario a una sana administración de justicia que consentirían sus superiores jerárquicos, vale decir, los Magistrados Juan Luis Ibarra y Domingo Antonio Durán, presidentes del Circuito Judicial Penal y de la Corte de Apelaciones del estado Aragua, respectivamente”.
Por su parte, el jurista Robert Alvarado manifestó, “los elementos de convicción que evidenciarían la falta de probidad de la Jueza denunciada son irrefutables y son del conocimiento de todas las instituciones del Poder Judicial y Moral, por sugerir un encono meramente personal en razón de oscuros intereses que habrían dado lugar a la privación grave de vida que propició el deterioro del estado de salud de Kamel Salame”.
“Es oportuno resaltar -prosiguió Alvarado-, que para hoy 25 de noviembre de 2015 estaba fijada una audiencia en la cual después de 7 años, y por octogésima séptima (87) vez, la Juez Amarista Herrera pretendió aperturar el juicio, y eso más que un acto irresponsable rayaría en lo absurdo porque la juzgadora está en perfecto conocimiento de que clínicamente Kamel Salame está imposibilitado de asistir a los actos del proceso, precisamente porque ella no le habría garantizado el derecho a la vida y a la salud”.