Un juez de El Salvador ordenó este jueves enviar a juicio por corrupción al expresidente Francisco Flores (1999-2004), que deberá permanecer en prisión, por el desvío de 15 millones de dólares donados por Taiwán para proyectos sociales.
AFP
“Resulta procedente que respecto a los ilícitos de peculado y lavado de dinero y otros activos, se pase a la siguiente etapa procesal”, declaró en una audiencia el juez Miguel Ángel García, en la cual se encontraba Flores junto a sus abogados.
El juez imputó a Flores el delito de un “caso especial de lavado de dinero” por la desaparición de cinco millones de dólares, donados por Taiwán, de los cuales no dejó rastro alguno.
Previamente lo había imputado por el desvío de otros 10 millones de dólares, de los cuales hay cuatro cheques emitidos también por Taiwán a nombre de Flores.
El abogado defensor del expresidente, Edgar Morales Joya, refutó los cargos y dijo que en el caso de los últimos cinco millones el juez no tiene pruebas.
“Habla de lavado de dinero por 10 millones de dólares y de lavado de dinero por cinco millones, que por cierto (en estos últimos) no hay ni una simple fotocopia de un cheque”, exclamó el abogado.
Para evitar una fuga del imputado, el juez García cambió el arresto domiciliar por cárcel, por lo que el exmandatario fue recluido en una celda de la División Antinarcóticos de la Policía.
Flores recibió los cheques por USD 10 millones de la embajada de Taiwán cuando esa nación era gobernada por el presidente Chen Shui-bian (2000-2008), quien impulsaba la “diplomacia del dólar” de hacer donaciones directamente a los gobernantes de países aliados para asegurar su respaldo, sobre todo en Centroamérica y el Caribe.
Tras dejar el poder en 2008, Chen afrontó un juicio por corrupción y fue condenado en Taiwán a cadena perpetua.
El juez salvadoreño determinó que hubo “un abuso de facultades” por parte de Flores quien permitió que el dinero donado (10 millones de dólares) fuera desviado a cuentas del Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Port, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), que gobernó el país entre 1989 y 2009.
El caso de Flores deberá proseguir en un tribunal de Sentencia de San Salvador, donde podrían ser citados otros involucrados en el ilícito, entre los que figuran miembros de Arena.
Durante la jornada, el juez declaró “improcedente” la solicitud de la Fiscalía y de la defensa del exmandandario para que fuesen retirados del caso los querellantes civiles, como la Iniciativa Social para la Democracia (ISD).
“Expresamos nuestra satisfacción por el resultado. Es importante que sigamos como querellantes porque Flores y Arena deben resarcir el daño al Estado, tienen que regresar el dinero”, declaró el coordinador de la ISD, Ramón Villata.
El activista Villalta pidió a las autoridades iniciar también el proceso de “cancelación” del Instituto José Antonio Rodríguez Port en virtud de que “no podemos estar con instituciones que se prestan al cometimiento del delito de lavado de dinero”.
El analista y profesor universitario Roberto Cañas declaró a la AFP que la resolución del juez “es un respiro de tranquilidad” y que en la audiencia “quedó al desnudo la diplomacia del dólar de Taiwán”.
“La nefasta diplomacia del dólar de Taiwán, que compraba lealtades de gobiernos y hundía en corrupción las incipientes democracias centroamericanas, no debe seguir porque ellos siguen dando plata para alentar supuestas libertades”, resumió Cañas.
Taiwán mantiene el respaldo de 23 países, principalmente de África, Centroamérica y del Caribe, los cuales no mantienen nexos diplomáticos con China.
Flores fue llevado a la justicia luego que el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) denunció en 2013 las transacciones bancarias sospechosas en el periodo comprendido entre octubre de 2003 y marzo de 2004, cuando la embajada de Taiwán en El Salvador emitió cuatro cheques por un total de 10 millones de dólares a nombre del entonces presidente Flores.
La diligencia de este jueves se instaló tras una etapa de instrucción de 13 meses y después de una pericia financiera que verificó el recibo y tránsito de los 10 millones de dólares recibidos por el expresidente en sistemas bancarios de El Salvador y otros países.
El juez también tuvo a mano una comunicación del gobierno de Taiwán, que certificó que los fondos fueron erogados para proyectos sociales y no para el partido Arena.