A regañadientes, con el rabo entre las piernas y tratando de mostrarse lo menos afectados posible, recibió el liderazgo oficialista la noticia de que había sido, literalmente, desalojado de la Asamblea Nacional.
Un terremoto que, si se confirmara en las próximas horas, alcanzó los dos tercios o mayoría absoluta, determinaría la existencia de dos gobiernos en Venezuela.
Uno, conformado por el Poder Ejecutivo, que preside el presidente, Nicolás Maduro; y otro, constituido por el Poder Legislativo, que encabezará el líder opositor electo en la instalación de la AN el próximo 5 de enero.
No me permiten estas líneas hacer una evaluación precisa del “Poder y Facultades” que concede la Constitución Nacional al Ejecutivo y al Legislativo en su articulado, aunque, si tuviera que sintetizar diría que, el Ejecutivo podría disolver al Legislativo, pero sin que evite que lo reelijan en una nueva elección, en cambio que, el segundo puede desaparecer al primero de una vez y para siempre.
Es lo que está contemplado en una disposición constitucional que le permite al Legislativo -o a un número de ciudadanos-, convocar a un Referendo Revocatorio presidencial que, por cierto, podría hacerse efectivo el próximo año, cuando Maduro cumple la mitad de su periodo.
Y la salida del presidente si sería sin regreso, pues, aparte de irse a su casa, tamaña catástrofe política lo inhabilitaría de por vida.
Es por eso que, más y más voces están recomendado a Maduro que se siente a dialogar con la posición, a discutir una agenda que reconcilie a los venezolanos para la reconstrucción de la patria, y, si no, como dijo ayer el gobernador de Miranda y encandilado presidencial Henrique Caprles: “No queda otra vía que poner fin al gobierno de Maduro”
En definitiva que, dos vías se abren ante Maduro para terminar su periodo y ocupar en la historia el capitulo que le corresponde como un ciudadano que pasó por sus páginas: la del diálogo y la reconciliación; o, la de la guerra, la violencia y la división, que en términos de la vida contemporánea, es sinónimo de tribunales internacionales, cárceles y cadena perpetua.