El abogado y activista Rafael Narváez, aseguró que en “Venezuela se violentan los Derechos Humanos fundamentales” y responsabilizó al Estado por vulnerar desde el derecho a la vida, alimentación, salud, seguridad ciudadana y libertad de opinión e información.
Señaló que el Estado venezolano promueve políticas que favorecen la violación sistemática de DDHH y que no existen esfuerzos por parte de los poderes públicos para garantizar lo más básico como es el derecho a la vida, que es violentado constantemente a manos del hampa y que se privilegia de la impunidad que existe en materia de castigo a crímenes y criminales, calculada según Narváez en un 98% así como desajustes dentro del sistema de justicia que impide a jueces dictar condenas equilibradas, tras no tener garantizada una estabilidad laboral, sino que sus trabajos dependen de las decisiones judiciales que tomen. Apuntó que el derecho a la salud, con la larga lista de pacientes críticos en espera por salas quirúrgicas, así como la escasez de medicinas, tanto básicas como antirretrovirales, antihipertensivos, cardiovasculares, además de las deplorables condiciones de la infraestructura hospitalaria.
A esto le sumó las restricciones al derecho a la alimentación, la acentuada escasez, desabastecimiento y el poco acceso a los ciudadanos a los bienes básicos de consumo, lo que ha mermado la calidad de vida de los venezolanos. Destacó que las restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos abarcan el cercenamiento de la libertad de expresión e información, con la promoción de la censura y autocensura, el amedrentamiento y maltrato a trabajadores de la prensa, así como la imposición de líneas editoriales pro gobierno y persecución policial a quienes piensen distinto.
Ante este escenario, y con los resultados de las recientes elecciones parlamentarias, el jurista, emplazó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dejar a un lado el papel político y dedicarse por completo a la atención a víctimas de violaciones de DDHH, y a “salir de la comodidad de su oficina y recorrer las calles, atendiendo a los ciudadanos” en vez de estar pendiente de una posible remoción por parte de la nueva mayoría del parlamento. En ese sentido, destacó que la Asamblea Nacional podrá hacer contraloría y seguimiento de gestión y uso de recursos públicos, podrá hacer nombramiento y remoción de funcionarios públicos de acuerdo a su gestión, además de supervisar los viajes que efectúe el Presidente Nacional.
De igual forma, emplazó al poder legislativo nacional a realizar una gestión sin parcialidad política y a favor de los intereses de la ciudadanía. Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad