La MUD debe extender su ámbito de actuación y buscar representar, no solo una alianza que aglutine a todos los factores que apoyan nuestro proyecto, sino también a los 5 millones 600 mil venezolanos que votaron por el PSUV. El discurso de confrontación y diatriba debe ser remplazado por un discurso de consenso y entendimiento dirigido a los 30 millones de compatriotas.
La nueva Asamblea Nacional debe reflejar el carácter democrático que caracteriza a la alianza que triunfó en los comicios, permitiendo a la nueva minoría expresarse libremente, en contraposición con las formas autoritarias que han caracterizado al parlamento la última década.
Es nuestro deber comenzar a tender los puentes que han sido dinamitados desde el poder. Legislar para todos y mantener un discurso de respeto por los compañeros que eligieron apoyar al partido del gobierno y antes de cualquier distinción política, son venezolanos.
Esto no quiere decir que la Asamblea no debe reformar muchas leyes injustas que contribuyen a la crisis, llevar adelante un plan para re-institucionalizar el país, llevar a cabo su función contralora para velar por el dinero público, defender la soberanía de los poderes y hacer frente a los intentos autoritarios de burlar la voluntad popular expresada claramente; pero siempre dentro del marco del respeto a la pluralidad que nos diferencia de quienes fueron derrotados.
La crisis económica fue el gran motor que impulsó la victoria de la MUD, el gobierno fue derrotado por sus propias políticas arcaicas inspiradas en el marxismo del siglo XIX. Pero de igual forma, los ciudadanos votaron contra el discurso de la confrontación y de la humillación del otro; esto debemos tenerlo en cuenta para marcar la diferencia e imponer un verdadero cambio para el país.
El mandato de los venezolanos fue a favor de la modernidad, el respeto a la propiedad privada, incentivo de la producción nacional, políticas eficaces en materia de seguridad, por el regreso de la democracia y las libertades, el respeto al pensamiento ajeno, mejoras en los servicios públicos, cada uno de esos aspectos deben ser satisfechos por el parlamento electo.