La Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), el mayor gremio empresarial del país, anunció hoy su apoyo formal al proceso de un juicio político con fines de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff.
EFE
En un comunicado, la FIESP y el Centro de Industrias del Estado de Sao Paulo (CIESP) indicaron que después de una reunión conjunta las dos entidades “decidieron apoyar el proceso de ‘impeachment'” contra la mandataria.
“Esa posición refleja el deseo de los industriales paulistas, demostrado en un sondeo del Departamento de Investigación y Estudios Económicos de la FIESP”, apuntó la patronal en referencia al 91,9 % de empresarios entrevistados que apoyan el juicio político contra Rousseff.
El trámite de cara a un juicio político contra Rousseff puede ser reanudado esta misma semana en el Congreso.
Los trámites para un juicio político fueron autorizados hace diez días por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, a quien la Constitución le reserva la decisión de aceptar o no el inicio de un proceso con miras a la destitución de un mandatario.
El proceso comenzó el martes de la semana pasada, pero ese mismo día el Tribunal Supremo lo paralizó ante una demanda presentada por el oficialista Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que pidió esclarecer algunos procedimientos.
Los once magistrados del Supremo han anunciado que se reunirán el próximo miércoles para analizar esa demanda, tras lo cual el trámite deberá ser reiniciado en la Cámara de Diputados.
El proceso está fundamentado en unas maniobras fiscales que el Gobierno hizo en 2014 para maquillar sus resultados y que, según organismos de contraloría del Estado, continuaron durante este año.
Según la oposición, esas maniobras constituyen un “delito de responsabilidad”, que es una de las causas que la Constitución contempla para la destitución de un mandatario, aunque el Gobierno lo niega y sostiene que no pasan de “errores administrativos” que son “comunes” en la administración pública brasileña.
El presidente de la FIESP y del CIESP, Paulo Skaf, señaló que la encuesta con 1.113 empresarios “fue endosada por todos los foros” de ambas entidades, que agrupan a la mayoría de industrial del estado más rico y poblado del país y también fortín de la oposición al Gobierno central.
La decisión, explicó Skaf, fue tomada “debido a la situación política y económica de Brasil y debido al momento que llegamos”.
Para Skaf, el producto interior bruto (PIB) brasileño deberá contraerse un 3,5 % en este año y el país cerrará 2015 con 1,6 millones de empleos formales menos, lo que conlleva a una “desconfianza” de los inversores.
“El país está a la deriva y no hay actitudes para solucionar los problemas”, apuntó el líder empresarial, quien añadió: “No estamos condenando a la presidenta”, pero hay un “encaminamiento legal, de acuerdo con la Constitución, y por eso no se puede hablar de golpe”, como argumenta el Gobierno.
Para Skaf, según las proyecciones de la entidad, la industria brasileña se encogerá en el trienio 2014-2016 un 20 %.