El Tribunal Supremo de Justicia ordenó la verificación del estado procesal de la Causa Penal 5M-1081-09 instruida en contra del preso político Kamel Salame Ajami, “mandato del máximo tribunal que se materializó mediante 6 sentencias de la Sala Constitucional, suscritas por los magistrados Juan José Mendoza Jover, Gladys María Gutiérrez Alvarado y Arcadio de Jesús Delgado Rosales, en respuesta a igual número de recursos de amparo presentados por el jurista Robert Alvarado entre los meses de agosto y octubre del presente año”, según declaraciones dadas el día de hoy por José Luis Centeno, apoderado del empresario y político yaracuyano, a su salida del TSJ.
Nota de prensa
El abogado José Luis Centeno explicó que el incumplimiento de la orden contenida en las sentencias números 1383, 1382, 1426, 1496, 1497 y 1511 dará lugar a la imposición de la sanción prevista en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que es una “multa equivalente hasta doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a las personas o funcionarios o funcionarias que no acataren sus órdenes o decisiones o no le suministraren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar”, dice el texto de la referida norma.”
En línea con lo anterior, Centeno destacó que “la Magistrada Francia Coello, en su condición de Inspectora General de Tribunales, a través del Oficio Nº 02664, fechado el 17/11/2015, suministró información relacionada con la presente causa, en acatamiento al mandato del TSJ, no así la Corte de Apelaciones del estado Aragua, presidida por el Magistrado Domingo Antonio Durán, instancia que una vez más estaría exhibiendo una conducta omisiva y dilatoria que evidencia la existencia de otro tipo de lógica, ajena a la Constitución, para tramitar los recursos de nuestro representado y que implicaría el encubrimiento de las presuntas irregularidades procesales en las que habría incurrido la juez Mary Carmen Amarista Herrera en perjuicio de Kamel Salame,”.
El litigante fue enfático, “si algo demuestran estas 6 sentencias del TSJ, es la negligencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, quien concentró en sus manos 17 recursos de amparo relacionados con esta causa, y simplemente lo que hizo fue engavetarlos o aplicarles la caducidad de la acción desconociendo actuaciones del abogado Robert Alvarado, posiblemente respondiendo a oscuros intereses de funcionarios gubernamentales cuya perniciosa injerencia en este caso es pública, notoria y comunicacional, entre quienes destaca Julio León Heredia, Gobernador del estado Yaracuy”.