Pareciera que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el resto del oficialismo, no han digerido bien la contundente derrota que les propinó el pueblo venezolano el 6D. Desde ese día, en vez de reflexionar sobre el mensaje que les envió la ciudadanía, se han dedicado a inventar estratagemas para tratar de burlar la decisión popular. Pero de nada les servirá, ya que a partir del próximo 5 de enero se instalará en la Asamblea Nacional una mayoría de diputados de la Unidad Democrática que ejercerá plenamente sus facultades constitucionales.
Una de las mamarrachadas que han inventado es la instalación de un “Parlamento Comunal Nacional”, que nadie eligió y que no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Los artículos 21 y siguientes de la Ley Orgánica de las Comunas establecen que el Parlamento Comunal (instancia que de conformidad con el artículo 23 está integrada solo por 5 miembros) tiene competencia de manera restringida dentro del territorio de una comuna (figura por cierto que no está prevista en nuestra Carta Magna y que fue rechazada en el referéndum para la reforma constitucional de 2007), nunca sobre la totalidad de la nación. Como puede colegirse, un parapeto de esta especie no puede de ninguna manera sustituir o interferir a la nueva mayoría de la Asamblea Nacional en sus funciones. Así que no nos dejemos confundir.
Otra de las formas ideadas para tratar de burlarse de la decisión popular del 6D, consiste en nombrar a la carrera a varios magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia. Esto se está haciendo en franca violación de la Constitución y de la Ley del TSJ, la cual, en los artículos 70 y siguientes, establece los plazos para realizar estas designaciones. En efecto, allí se señala que una vez concluido el lapso para las postulaciones, al día hábil siguiente, en un diario de circulación nacional, deberán publicarse los nombres de los postulados para que los interesados puedan realizar las impugnaciones en un plazo de 15 días. Luego, el Comité de Postulaciones Judiciales tiene 8 días para pronunciarse sobre la admisión de las observaciones que se hayan presentado. Posteriormente, los afectados tienen tres días para exponer sus alegatos y defensas en una audiencia convocada para tal fin. Seguidamente, el Comité debe aprobar el baremo para preseleccionar a los postulados y luego remitirá la lista al Poder Ciudadano. Posterior a esto deben transcurrir unos 15 días más para que la AN pueda proceder a la selección definitiva de los magistrados. Todos estos pasos, los cuales son de orden público, corren el riesgo de ser atropellados por el Diosdado-Madurismo, que al estilo de Juan Charrasqueado, pretende nombrar a los nuevos magistrados en los pocos días que le quedan a este año.
La designación de la exjuez Susana Barreiro como cabeza de la Defensa Pública, luego de haber sido acusada por el exfiscal Franklin Nieves de condenar a Leopoldo López por ordenes de Nicolás Maduro, también constituye un acto ilegal, torpe y desesperado.
La voluntad del pueblo no puede ser burlada. Con este tipo de acciones el Maduro-Cabellismo solo hunde más al oficialismo en la impopularidad. Los 112 diputados de la Unidad tienen ahora la obligación de enrumbar a Venezuela por el camino del cambio que la gente marcó el 6D.
Twitter: @LuisIzquiel