El problema apremia porque, si nos atenemos a la definición trazada por Naciones Unidas, este gobierno está raspado en materia de seguridad alimentaria. Así, desde la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 se entiende que en un país hay seguridad alimentaria “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” Por el contrario, hoy nos encontramos en una situación donde la población no consigue los alimentos, o si los consigue no los puede pagar, o si los consigue y puede pagarlos tiene que físicamente batallar para poder comprarlos. Se trata de una situación que, de no tomarse los correctivos urgentes, se agravará aún más para el próximo año, pues sencillamente el flujo previsto de ingresos petroleros no alcanza para satisfacer las necesidades de importaciones del 2016. Y no alcanza por un tramo largo, de al menos 30 mil millones de dólares. ¿Dígame Usted si cree que es humanamente posible someter a la población a recortes adicionales de consumo?
Mi exhorto es a que abordemos la seguridad alimentaria como un problema que nos incumbe a todos, siguiendo pautas de política muy claras: aumentar la oferta nacional de alimentos, proteger la capacidad de compra de los consumidores y atender directamente la alimentación de sectores de la población particularmente vulnerables. En tal sentido, la nueva Asamblea Nacional tiene en agenda la aprobación de la Ley de Abastecimiento Pleno, la Ley Marco para el Incremento de la Productividad, la Ley de Reversión Expropiatoria y la Ley de Protección y Educación al Consumidor, todo ello con el objeto derestablecer las condiciones económicas necesarias para que la iniciativa privada recupere en tiempo record la producción, procesamiento y distribución de alimentos en el país. Por otra parte, también se tiene en agenda la aprobación de la Ley de Protección Salarial y Anticipos de Prestaciones Sociales y la Ley de Pensiones No Contributivas, con el objeto de contribuir a proteger la capacidad de compra de los asalariados y pensionados.
Se trata de un conjunto de buenas iniciativas que se someterán a discusión y consulta en la Asamblea Nacional, que para eso está, y la intención es que contribuyan de manera efectiva a superar la crisis de acceso a los alimentos. Pero hay que advertir que no es suficiente, y se requiere que el Ejecutivo se aboque a este asunto sin prepotencias. Concretamente, es importante ampliar y reforzar en todo el territorios nacional los programas de atención alimentaria a poblaciones particularmente vulnerables, incluyendo niños y niñas, mujeres embarazadas, comunidades indígenas, personas de la tercera edad, personas en situación de calle, desplazados y damnificados, población en centros penitenciarios, entre otros. Para eso hay ponerse las pilas y buscar los recursos necesarios, hasta debajo de las piedras.