El magistrado Maikel Moreno, presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), decretó nulidad en la remisión de la sentencia de apelación en el caso de Alexander “El Gato” Tirado y Raúl Emilio Baduel, en virtud que a los detenidos no se les informó sobre la ratificación de la misma.
Theresly Malavé, defensora de Derechos Humanos y abogada de Baduel y Tirado, explicó que el Presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ decretó la nulidad de la remisión de la sentencia de apelación “y ordenó que sea el Tribunal de Apelaciones del estado Aragua el que notifique de la ratificación de la sentencia a “El Gato” Tirado y Baduel (hijo)”.
“Esta nulidad no afecta la ratificación de la sentencia, sino que no se cumplió con el proceso de la notificación”, detalló Malavé, quien indicó, que los abogados defensores luego de tantas violaciones y “frente al hecho de que ninguna institución en este país nos escuchara, ni el Ministerio Público, ni el fiscal 6to de Aragua, Luis Verde, decidimos ir a la Sala de Casación Penal del TSJ”.
Los abogados de estos jóvenes aragüeños que hoy pagan una condena de ocho años de prisión por protestar pacíficamente, reciben esta nulidad con mucha incertidumbre puesto que se preguntan: “¿Será que se va a aplicar el debido proceso y se respetará la Constitución y las leyes?”.
“En principio ellos revisan que se hayan cumplido los lapsos, que se haya respetado la remisión del caso, porque el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que cuando la persona estuviese
detenida la notificación se hará personalmente, eso es ley y no lo cumplieron y por eso la Sala de Casación Penal de acuerdo con el artículo 175 del COPP y, 26 y 49 de la Constitución (de la República
Bolivariana de Venezuela), dice que eso es nulo y lo devuelve para que Baduel y Tirado sean notificados”, expone Malavé.
Sobre el caso, puntualizó que se trata de una “jurisprudencia reiterada”, por lo cual exhortó a la Sala de Casación Penal a revisar el recurso introducido por los abogados, ya que a su juicio, “con una revisión mínima de ese expediente, se darán cuenta que no aguanta una condena y sería un daño irreversible. Todo lo que les han hecho es irreversible, pero esos ocho años serían un daño aún mayor, por lo que yo espero, que se haga justicia”.
Al ser consultada sobre la posibilidad que el TSJ, luego de la revisión inicial, remita nuevamente el caso a la Corte de Apelaciones de Aragua, Malavé detalla que eso es posible debido a “la gran cantidad de irregularidades que se cometieron en la audiencia de apelación”, en donde no permitieron a Baduel y Tirado defenderse, pues Juan Luis Ibarra, presidente de dicha corte, los declaró contumaz, aún cuando a la Cárcel de Tocuyito, donde pagan condena, “no llegó nunca la boleta de traslado”.
Malavé rememoró varios casos que fueron devueltos por la Sala de Casación Penal en virtud que los detenidos no fueron notificados de la ratificación de la sentencia. “Nosotros pensamos que eso lo iban a
dejar pasar, pero fíjate que no”, dijo la abogada defensora, quien además reiteró la nueva violación al debido proceso al no realizarse una audiencia para informar a los detenidos sobre la ratificación de la sentencia.
Sobre los lapsos estipulados, indicó que el artículo 454 del COPP establece que el lapso para interponer un recurso de casación es de 15 días después que los detenidos sean notificados personalmente. “Los
trasladan, les notifican la ratificación de la sentencia y a partir de esa fecha empieza a correr los 15 días para que nosotros como defensores interpongamos el recurso de casación ante el TSJ”.
Sin embargo cuestionó la “apresurada decisión del juez, Juan Luis Ibarra, presidente de la Corte de Apelación del Circuito Judicial de Aragua, la premura y la velocidad con que ha querido hacer daño”.
“Fue una sentencia inmotivada, él (Ibarra) se dedicó a afirmar lo que dijo la juez (Iris Araujo Francés) y lo que creía que eran equivocaciones por parte de los abogados. Él nunca explicó el por qué, ni hizo referencia jurídica del motivo por el cual reafirmaba la sentencia”, explicó Malavé, al tiempo que reiteró que Ibarra no tuvo motivos para ratificar esa condena de ocho años de prisión. “Fue superfluo y no hizo referencia en el código, a lo que se debe hacer. Definitivamente es una sentencia política”.
¿Magistrado Juan Luis Ibarra?
La abogada defensora de Derechos Humanos indicó que Ibarra en su afán de llegar a ocupar una magistratura en el TSJ, “olvidó los estudios y violó el debido proceso y los DDHH de estos muchachos”.
Malavé explicó que Ibarra, ha mencionado en reiteradas oportunidades que él estaba prestado en el Palacio de Justicia aragueño, porque aspira una magistratura en el Tribunal Supremo de Justicia “y ese
puesto lo ganaría a costa de lo que sea”.
“Si él (Juan Luis Ibarra), tenía que tirar por un voladero a estos muchachos y acabar con ellos, definitivamente lo haría, porque su único interés es ser magistrado del TSJ”, narró la jurista defensora de DDHH, quien además cuestionó la violación de los derechos civiles de Baduel y Tirado por parte de Ibarra, quien “tomándose atribuciones que no le competen” emitió a Sandra Oblitas, segunda rectora del
Consejo Nacional Electoral, una comunicación en donde solicitaba la inhabilitación política “para elegir y ser elegidos”, aún cuando sobre los jóvenes aragüeños no hay sentencia definitivamente firme.
Impidiendo poder inscribirse como candidatos a diputados por la MUD en el circuito 1 del estado Aragua donde hubiesen obtenido fácilmente el triunfo el pasado 6 de Diciembre y hoy tendrían inmunidad parlamentaria lo que conllevaría su inmediata libertad
Esperanzas de libertad
La abogada de Tirado y Baduel, tiene esperanzas de libertad en la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, ya que a su juicio varias organización de DDHH se han unido para redactar esta ley, “porque será ley y no decreto”, la cual permitirá la liberación no sólo de los estudiantes aragüeños, sino también de otros tantos inocentes que están injustamente encarcelados.
Los jóvenes, a juicio de Malavé, están incluidos en esta Ley de Amnistía en virtud de la sentencia política que se emitió contra el hijo del exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel y como medida de persecución contra “El Gato” Tirado, por ser un líder social de Voluntad Popular en Aragua.
Malavé rechazó “la infame sentencia” emitida el 4 de marzo de 2015, por la juez 2da de juicio, Iris Araujo Francés y ratificada el 30 de julio del mismo año, por quien ahora aspira ser magistrado de la
República, Juan Luis Ibarra. “Nosotros confiamos que esta ley prosperará y traerá con ella la libertad”, dijo la jurista.
Los hechos
Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel fueron detenidos por efectivos de la Policía del estado Aragua, el 21 de marzo de 2014, a las 6:14pm, mientras protagonizaban una protesta pacífica en la avenida Bolívar de Maracay específicamente en las inmediaciones del Parque de Ferias de San Jacinto.
Sin embargo, esta detención a juicio de Malavé fue un acto violatorio al debido proceso, primero por la separación de las causas: En dicha detención fueron seis las personas detenidas, pero cuatro de ellas
separadas de la causa y cuyo caso sobreseído mientras que a Baduel y Tirado los llevaron a juicio y fueron condenados a ocho años de prisión.
Por otro lado, explicó que el juicio es nulo ya que las actuaciones policiales no corresponden a la verdad de los hechos: La hora y el lugar de la detención fueron alteradas, al punto “que la juez (Iris Araujo Francés), se inventó que un megáfono y una cruz de madera con la frase no mas balas, no más muertes, eran elementos de interés criminalísticos”.
Luego, detalló Malavé, la violación de los Derechos Humanos al ser trasladados a una prisión de presos comunes en el Centro de Reclusión de Occidente “David Viloria”, conocida como la Cárcel de Uribana,
ubicada en Barquisimeto, estado Lara, en donde quien fuera su director, Julio Cesar Pérez, los agredió en reiteradas oportunidades partiéndoles las costillas y quemándoles sus genitales, hecho en donde
además fallecieron un centenar de internos y por el cual no hay investigación, mientras que a Baduel y Tirado, están condenados a ocho años de prisión por hacer valer su derecho legítimo a la protesta.
Tanto Theresly Malavé como Omar Mora Tosta, abogados defensores de estos jóvenes, hoy considerados presos políticos, esperan que sea la sala de Casación Penal del TSJ, quien restituya el debido proceso y
anule no sólo el “juicio infame” sino también la sentencia que hoy recae sobre Baduel y Tirado.
Por
Lic. Marian Hernández León.