Mediante un comunicado de prensa, Vente Venezuela anunció y fundamentó su voto negativo para la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), objeto de las cuatro sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional convocadas para los venideros días martes y miércoles de la semana que comienza.
Señaló el diputado Luis Barragán, Sub-jefe de la Fracción Parlamentaria que ésta guarda “una clara correspondencia con la dirección nacional del movimiento liderado por la colega diputada María Corina Machado, al darle el debido seguimiento a un problema que, en última instancia, el oficialismo pretende dirimir burlándose de la mayoritaria e inequívoca voluntad de la ciudadanía que se expresó el pasado 6-D”.
Anunció que, junto al diputado José Manuel González, Jefe de la Fracción Parlamentaria, fue designado el diputado Juan Pablo García como vocero de Vente Venezuela para las aludidas sesiones, basado en las reuniones de trabajo celebradas con el equipo de asesoría jurídica que coordina el Dr. Tomás Arias.
El comunicado es del siguiente tenor:
VENTE VENEZUELA ANTE LA DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)
Con base en los artículos 197, 199 y 201 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 96 del Reglamento Interior y de Debates, los Diputados que suscribimos la presente comunicación formalmente consignaremos nuestro Voto Negativo a la propuesta de escoger nuevos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en razón de los argumentos siguientes.
Más allá de la pomposa proclamación de una supuesta democracia “participativa y protagónica”, que vendría a reemplazar la democracia representativa clásica, la Constitución de 1999 trajo en su texto algo verdaderamente novedoso e importante: la inclusión de mecanismos institucionales, los Comités de Postulaciones, para permitir que la sociedad civil sea la que seleccione por mérito –y no por inclinación partidista- a los titulares de los cargos de las ramas del Poder Público no electas mediante sufragio universal, directo y secreto (esto es, para escoger a los titulares de los cargos de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Rectores del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la República, Contralor General de la República y Defensor del Pueblo).
No obstante tal previsión constitucional, en la práctica ha terminado ocurriendo todo lo contrario, pues el partido de gobierno ha burlado dicho mecanismo de los Comités de Postulaciones y ha hecho los nombramientos a su antojo, sin siquiera respetar las mayorías calificadas necesarias para realizar las designaciones respectivas.
En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, las tretas han sido muy diversas. Primero, en diciembre de 1999, la propia Asamblea Nacional Constituyente, incluso después de haber cesado en funciones, procedió a nombrar directamente a los Magistrados. Luego, en diciembre de 2000, la Asamblea Nacional dictó una inconstitucional “Ley de Ratificaciones y Designaciones”, mediante la cual ratificó a la mayoría de Magistrados designados inicialmente por la Constituyente, y separó a aquéllos que no seguían la línea oficial. Seguidamente, en 2004, mediante la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se aumentó el número de magistrados (de 20 se llevó a 32) y el oficialismo tuvo la ocasión de nombrar un total de diecisiete (17) magistrados principales, para ejercer un control aún mayor. En 2012, la propia Sala Constitucional “jubiló” –esto es, destituyó, sin participación de la Asamblea Nacional- a ocho (8) Magistrados cuyos períodos estaban por vencerse y que le resultaban incómodos al oficialismo, y en 2014 la Asamblea Nacional nombró a trece (13) magistrados principales y tres (3) suplentes.
Ahora cuando está por vencerse el período de la actual Asamblea Nacional, y visto que existe un número considerable de Magistrados cuyos períodos vencerán a finales de 2016 –aparte de aquéllos que “voluntariamente” quieran jubilarse- el partido oficialista quiere realizar nuevos nombramientos para asegurarse el control de la instancia judicial y limitar las funciones de la nueva Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero de 2016, con una clara e inequívoca mayoría democrática. Frente a ello, nos oponemos muy firmemente, más aún cuando se pretende “revivir” el Comité de Postulaciones Judiciales convocado para las írritas designaciones de 2014.
Los diputados que suscribimos elevamos nuestra máxima voz de alarma ante la ilegitimidad del Poder Judicial en Venezuela, con el Tribunal Supremo de Justicia a la cabeza, el cual responde exclusivamente a los dictados del Poder Ejecutivo y del partido oficialista. No habrá justicia en Venezuela hasta que la rama judicial sea verdaderamente autónoma e independiente.
Por último, con base en el artículo 96 del Reglamento Interior y de Debates, formalmente solicitamos que el presente voto negativo sea insertado en el Diario de Debates, así como en el acta correspondiente.
Nota de prensa