Human Rights Watch denunció el martes que el acuerdo alcanzado este mes por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sobre la justicia aplicable a los combatientes y el resarcimiento a las víctimas permite la impunidad porque sacrifica el derecho a la justicia de miles de víctimas.
“El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, a la rendición de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Sin embargo, un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías”.
Ese convenio es considerado por las autoridades colombianas un paso decisivo para el logro de la paz definitiva, llegar a la reconciliación y crear una jurisdicción para procesar a guerrilleros y militares enfrentados desde hace más de cinco décadas pero que en 2012 iniciaron conversaciones para la paz.
Por su parte el ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, dijo que “No se puede analizar este acuerdo aisladamente como si fuera un tema de años de cárcel, que es como lo analizan Human Rights Watch y José Miguel Vivanco, a quien respeto profundamente, sino es un conjunto de medidas que hay que analizarlas integralmente dentro del contexto de la situación de las víctimas”.
“Hay contempladas penas hasta de 20 años para quienes no confiesen y penas de hasta 5 y 8 años para quienes confiesen tardiamente, un sistema gradual en materia de penas, pero además contiene justicia restaurativa”, dijo Cristo. “Puedo asegurarle que una vez Human Rights Watch profundice en el acuerdo, lo mire en su conjunto y no simplemente como si fuera la justicia una parte, sino haciendo conjunto con todas las medidas de reparación a las víctimas, van a entender que es un acuerdo que vale la pena, que vale la pena pagar ese costo”.
Vivanco denunció que el acuerdo garantiza que responsables de crímenes de guerra que confiesen “no enfrentarán castigo ni siquiera remotamente serio”, pese a que ningún tribunal internacional ha permitido que condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión.
También subrayó que el acuerdo da pie a interpretaciones que permitan a altos mandos militares de la fuerza pública y las FARC eludan rendición de cuentas por atrocidades cometidas bajo su control, debilitando el principio de responsabilidad de mando estipulado por el derecho internacional.
Vivanco destacó además que el acuerdo establece que tanto el gobierno colombiano como las FARC acordarán reformas constitucionales para permitir que los condenados puedan votar o aspirar a cargos públicos mientras pagan sus condenas, porque el derecho colombiano actualmente prohíbe que responsables de crímenes de lesa humanidad ejerzan cargos públicos o participen en política mientras cumplan con su sentencia.
El experto exhortó al gobierno colombiano a modificar el documento porque aseguró que su versión actual “no constituye progreso sino un retroceso a épocas sin estándares internacionales ni obligaciones jurídicas”.
Vivanco dijo que HRW llegó a esas conclusiones después de que una decena de abogados se abocaran a analizar el acuerdo desde que fuera anunciado.
El ministro colombiano respondió que igual que HRW hay otros sectores que quisieran penas más severas. “Sabemos que hay sectores no son amigos del proceso de paz, pero bueno hay que tomar decisiones ante el proceso, porque el objetivo es acabar con el conflicto que ha afectado al país por más de 50 años” dijo.
En más de tres años de negociación, las partes han logrado cerrar cuatro de los seis puntos de una agenda preestablecida: problemas agrarios, participación política, combate al narcotráfico y justicia y víctimas.
Faltan dos puntos más con relación a la terminación del conflicto e implementación de los acuerdos.
La totalidad de los acuerdos alcanzados en La Habana serán sometidos a votación con el fin de apuntalar la paz con el voto popular. AP