Muy a pesar de las grandes reservas morales de su población y a las cuantiosas riquezas materiales con las que aún cuenta la nación, haciendo un sintético balance de fin de año sobre el estado actual, podríamos afirmar que la quiebra que hoy exhibe el país es consecuencia de un ejercicio gubernamental donde predominan las cifras rojas. En otras palabras: la ausencia de una ética política de quienes detentan el poder en Venezuela desde hace más de 17 años, determinan la bancarrota moral contra la que en estos momentos lucha con sumo fervor la mayoría de los venezolanos.
2015 figuraría como el año más desastroso de nuestra vida republicana, de no ser porque un hecho tan trascendental como ha sidoque el despertar de una inmensa mayoría de la poblaciónlogró vencer los más perversos obstáculos interpuestos por la camarilla que, a la fuerza, trata de impedir el retorno hacia un Estado de Derecho que garantice el cabal funcionamiento de las instituciones fundamentales de la democracia, con apego a la Constitución de la República y,en consecuencia, la pulcritud en el manejo de las finanzas públicas.
Y cuando decimos que el país ha sido conducido a una situación de bancarrota nacional, nos apoyamos en las cifras y denuncias que, pese a las fuertes restricciones y negociados del régimen para impedir el acceso a la información veraz, se cuelan a través de los pocos medios de comunicación social que logran evadir el cerco informativo y, de manera especial, aquellos que desde distintos países del mundo muestran con mayor libertad los sufrimientos de todo un pueblo en lucha contra el régimen opresor y autocrático que nos tiraniza.
Porque no es secreto para el nadie en el país y fuera de él, que una nación como la nuestra, históricamente caracterizada por su generosidad y buenas costumbres, se encuentre convertida entre los tres países más violentos de Latinoamérica, con una proyección de muertes por homicidio que se acerca a 27 mil víctimas para este fin de año, donde se incluye a inocentes niños, mujeres y efectivos policiales. Tampoco es secreto, que tal incremento de la violencia obedece a la incapacidad del régimen para ofrecer a la niñez y la juventud auténticas alternativas ocupacionales que la alejen del vicio y de la tentación del dinero “fácil”; así como de su obligación constitucional de garantizar a la población de escasos recursos económicos verdaderos planes de asistencia social que pongan a su alcance una educación adaptadas a sus reales necesidades, y empleos dignos que contribuyan a la generación de los bienes y servicios requeridos por una población que los demanda en la justa medida de su crecimiento.
Muy por el contrario, mediante una populista política, se ha pretendido convertir a un sector de la población, por una parte en “bachaqueros” y, por la otra,en beneficiarios de dádivas que no permiten resolver sus problemas a largo plazo; mientras que, de otro lado, ha estimulado el crecimiento y armamento de bandas delincuencias a quienes llegó a encargar la “protección” de comunidades, bajo la figura de “territorios de paz”, a las que, dados los previsibles resultados, hoy se ve precisado a combatir en una especie de cacería, que llama OLP, donde se violan elementales derechos humanos y que en muchos casos afecta también a personas inocentes.
Muestras de esa bancarrota moral en la que hoy se hunde al país, son también los continuos fraudes a la nación a través de compras sin control de los organismos con competencial, como aquellas que conocimos a principios de año con la adquisición de tres ferrys supuestamente nuevos, a los que hubo que hacerle arreglos a pocos meses de su puesta en servicio en Venezuela por 241 millones de bolívares, según cuentas desglosadas en un informe de la Superintendencia del Cuerpo Nacional contra la Corrupción. Y cuando hablamos de compras fraudulentas, no podemos olvidar la denuncia de los diputados Abelardo Díaz y Homero Ruiz, sobre una presunta estafa a la nación por 15.5 millones de dólares, con la compra de arroz y maíz blanco a una firma pirata de Argentina, con sobreprecios del 80 y 30% en relación con el resto del mercado, en el que se involucró a una hija del fallecido presidente Chávez; investigación que, como la anterior, no fue investigada por quienes correspondía a nivel institucional y, lejos de ello, en el caso del familiar del “comandante eterno” fue designada para un cargo diplomático en la ONU. Otras denuncias son constantes sobre negociaciones en la compra de alimentos en el exterior, haciendo uso de dólares preferenciales para gentes allegadas al régimen, en lugar de facilitar la producción nacional con la importación de materias primas.
También han sido frecuentes en este año que culmina, las denuncias desde fuera y dentro del país, de presuntos actos de corrupción, especialmente de lavado de dinero donde se involucra a PDVSA y personajes tan allegados a la institución, como a su propio ex presidente, Rafael Ramírez, y más recientemente al empresario venezolano Roberto Rincón, hoy sometido a un proceso judicial por parte de las autoridades norteamericanas. Y qué decir de las investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos que, según medios internacionales, apuntan hacia personajes íntimamente vinculados con el gobierno y la institución militar en el tráfico de estupefacientes. De esto es mucho lo que fue informado durante el 2015, y todos sabemos de quienes se trata.
Pero las reservas morales del pueblo venezolano son inmensas, y el paso dado el pasado 6 de diciembre permitirá que, contra viento y marea, el 2016 sea el año del inicio del rescate de nuestra dignidad como nación. Por eso, lleno de esperanza envío mi saludo a todos los compatriotas que de una u otra manera han hecho posible que hoy tengamos un grato sueño. Feliz año nuevo a todos.
@JJMorenoA