El narcotrafiante mexicano logró escapar dos veces de las cárceles de su país. Cuenta con cómplices dentro de los servicios penitenciarios y mucho dinero para comprar favores. Sin embargo, en suelo estadounidense lograr la connivencia política y policial sería imposible.
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera se había fugado el 11 de julio de 2015 en un espectacular operativo que incluyó un túnel de 1,5 kilómetros, una motoneta y mucha ayuda externa.
Ya en libertad, un juez federal mexicano expidió, el pasado septiembre, una orden de detención con fines de extradición a los EEUU. En ese momento, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la orden de captura la había concedido el juez penal de turno a petición del gobierno de Estados Unidos, debido a que el fugitivo es requerido por la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas.
En ese proceso, el líder del Cártel de Sinaloa enfrenta cargos por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego.
Ya fugado, el narco más buscado del mundo enfrentaba su mayor pesadilla. En ese escenario, sus abogados comenzaron a trabajar.
Y en octubre de 2015, “El Chapo” obtuvo un amparo contra la orden de detención con fines de extradición, lo que significa que, en caso de ser detenido, el líder del Cártel de Sinaloa no podría ser extraditado, por el momento, a Estados Unidos.
Aun así, el narco siempre supo de la fragilidad del amparo. Así como se lo concedieron, pueden retirarlo. El miedo del narco más buscado del mundo tiene fundamentos: en Estados Unidos no tiene posibilidades de reducción de pena y, mucho menos, facilidades para sobornar políticos y policías para una nueva fuga.