El actual cuadro institucional fue diseñado a la medida de los intereses de la camarilla enquistada en el poder. Cuando en noviembre los datos de todas las encuestas indicaban que el Gobierno perdería ampliamente las elecciones del 6-D, el régimen decidió blindarse frente a la eventualidad de unos resultados que lucían tan desfavorables. Forzó la renuncia de trece integrantes del máximo Tribunal para sustituirlos por abogados incondicionales del régimen. Todos militantes o simpatizantes del PSUV. Algunos exparlamentarios o exfuncionarios. En esos nombramientos se violó la Ley Orgánica del TSJ: currículos y trayectoria de los candidatos, plazos de presentación de las candidaturas, período para la impugnación. La infracción era necesaria para asegurar que no se filtrara ningún disidente. Todo el Cuerpo quedó constituido por soldados de la revolución. Sus comandantes estarían en Miraflores y en el PSUV. Los juristas del horror se encargarían de barnizar las órdenes de sus jefes políticos. La primera: torpedear el funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional cuya mayoría pasó a manos de los diputados de la MUD.
Maduro y Cabello diseñaron un traje legal a su medida y ahora intentan que la Asamblea Nacional acate las decisiones de un TSJ colocado al margen y en contra de la Constitución, de la LOTSJ y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que el 13 de enero de 2013 dictaminó que la voluntad popular expresada en los comicios estaba por encima de las resoluciones de cualquier órgano judicial.
El general Padrino López conoce muy bien todos los exabruptos cometidos por el régimen para protegerse de forma indebida del control que debe ejercer la Asamblea e impedir que el Poder Legislativo cumpla con las obligaciones que le impone la Carta Magna. Sabe que la voluntad de casi ocho millones de venezolanos que votaron a favor de los candidatos de la MUD está siendo irrespetada por el dúo Maduro-Cabello. Sabe que el desconocimiento del Parlamento quebranta principios republicanos fundamentales: la independencia, el equilibrio y la colaboración entre los poderes públicos. Sabe que la legalidad del TSJ constituido en diciembre pasado es ficticia y fraudulenta porque arrolló la Constitución. Sabe que la manera en que se integró ese organismo lo desacredita para actuar como guardián del Estado de Derecho. Sabe que esa Sala Electoral y la plenaria del TSJ no pueden descalificar las decisiones que adopte la AN, depositaria de la voluntad y la soberanía popular
La crisis institucional que alientan Maduro y Cabello, atenuada por la desincorporación de los tres diputados de Amazonas, ahondará aún más los graves problemas nacionales. No existe ninguna solución sin que haya diálogo y concertación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y sin que se acaten los resultados del 6-D.
La FAN y el general Padrino López pueden desempeñar un papel fundamental para impedir que la crisis política se desborde y el país entre en una espiral de violencia, incertidumbre e inestabilidad como el vivido por otras naciones del continente. Bolivia pasó por episodios críticos durante largo tiempo. Argentina, en el pasado reciente, sufrió del mismo mal. En Venezuela podría evitarse ese calvario si una institución con el prestigio y solidez de la FAN logra imponer la sensatez en medio de tanta irresponsabilidad gubernamental.
Ahora no es momento de huir por la tangente, invocando una neutralidad que en realidad es inconsecuencia con la democracia. El pueblo habló en diciembre y esa voz hay que escucharla y obedecerla. Preservar la importancia del voto como mecanismo de expresión política resulta fundamental para que las elecciones se mantengan como rostro de la democracia protagónica. Pilatos jamás ha sido perdonado, ni reivindicado por la historia.
@trinomarquezc