Tras ser nombrada como presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solorzano, resaltó la necesidad del trabajo serio en materia de seguridad con rendición de cuentas por parte del Ejecutivo nacional, además de la obligación institucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de aplicar las leyes aprobadas por el parlamento.
Explicó que esta comisión se encargará de diseñar los asuntos dirigidos a las políticas interiores del país, el sistema de administración de justicia, los derechos humanos y la seguridad ciudadana, cuyos temas son trascendentales y, por no tener una respuesta asertiva del Gobierno, tienen bastante “acongojada a la población”.
“Diariamente se violan los derechos humanos, cuando se somete a la ciudadanía a larguísimas colas o somos víctimas de un hampa desatada, la cual toca de manera directa la seguridad ciudadana. Lamentablemente hemos visto cómo en estos últimos 16 años, nunca se ha legislado para poder resolver el problema de la inseguridad que va, desde la prevención del delito, hasta la deserción adecuada del delincuente de la sociedad”, dijo.
A su vez, la también vice presidenta nacional del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) indicó que no existen políticas públicas serias para los diferentes temas que tratará la Comisión de Política Interior.
“No hemos visto jamás a un ministro de Interior y Justicia que trabaje directamente en la crisis actual del tema de seguridad. No lo hemos visto visitando la comisión para rendir cuenta de su trabajo. No observamos en la Comisión de Interior, una fiscal general de la República rindiendo cuentas del porqué en Venezuela hay 98 por ciento de impunidad”, manifestó.
La dirigente político precisó que la próxima semana, cuando desde la comisión que preside, se trabajará con propuestas serias, elaboradas por los mejores expertos del país y se discutirá la Ley de Amnistía.
“Esta ley es fundamental para Venezuela, no sólo para los presos políticos reconocidos y queridos por el país, como el fundador de nuestro partido Manuel Rosales, sino además en Venezuela hay otros perseguidos políticos, como los empleados públicos que han sido despedidos, amenazados o destituidos de sus cargos, solamente por pensar distinto o porque su jefe considera que no votaron por ellos. Estos empleados también serán merecedores de la Ley de Amnistía”, señaló.
La parlamentaria manifestó que está ley comenzará a discutirse en los próximos días con un cronograma que anunciarán al país, para poder atender a todas las personas que se consideren víctimas.
“Con la nueva Asamblea Nacional, los venezolanos van a comprender que cuando votaron por el cambio, lo hicieron por uno real y profundo en lo político, económico y social. El Tribunal Supremo de Justicia tiene la obligación de aplicar las leyes que se aprueben en el parlamento”, sostuvo.
Memoria y cuenta
Sobre la memoria y cuenta que ofrecerá el presidente de la República, Nicolás Maduro, la legisladora nacional resaltó que son muchas las cuentas que el Ejecutivo nacional tiene que rendirle al país.
“Demasiadas explicaciones tiene que dar a los venezolanos. Y si no las explica, la Asamblea Nacional tiene funciones constitucionales bastante claras de consulta e interpelación que va a asumir”, concluyó.