Apenas habían transcurrido dos semanas de aquel sangriento 04 de febrero de 1992 cuando ya dirigentes de la izquierda venezolana y defensores de los derechos humanos, hoy en el poder, comenzaban a proponer en la prensa nacional una amplia amnistía a favor de todos los militares implicados en la intentona golpista que dejó más de 200 muertos y centenares de heridos, en su mayoría personas que no guardaban relación con este evento, con el cual se pretendió derrocar el legítimo y constitucional gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez.
El 30 de marzo del mismo año un grupo de Diputados de izquierda, junto a Darío Vivas y Tarek William Saab, anunciaban al país la presentación de un proyecto de Ley de Amnistía ante el Congreso Nacional. Tan solo tres días después, el 2 de abril, a menos de dos meses de la fallida y sangrienta intentona golpista, se realizó la llamada “Marcha del Silencio”, con la cual se exigía en las calles de Caracas la libertad de los militares alzados contra la democracia y además pedían la renuncia del Presidente Carlos Andrés Pérez.
El 13 de julio de 1993 Hugo Chávez se dirigió a través de una carta a la Conferencia Episcopal Venezolana, mediante la cual en referencia a la amnistía propuesta, entre otras cosas expresaba: “con la libertad de quienes nos encontramos en cada una de las Cárceles de la Dignidad, como se ha hecho conocer ante el pueblo venezolano; es una fórmula para buscar la reconciliación, tranquilidad y paz social, y así poder frenar la grave crisis política que hoy atraviesa el país, con el deseo de encaminar hacia la confianza colectiva y la normalidad de Venezuela”. Hoy cuando la CEV en su búsqueda por la paz nacional y una pronta salida a la grave crisis que sacude al país ha decidido respaldar el proyecto de Ley de Amnistía presentado por Diputados de la MUD junto al Foro Penal Venezolano, ha sido víctima de los más despiadados ataques de diversos voceros del oficialismo, que una vez más olvidan tendenciosamente que en su momento muchos de sus líderes fueron beneficiados por una gracia legislativa similar.
En la carta Hugo Chávez culmina manifestando “…que la acción emprendida por usted y la de otros sectores de la vida nacional, ejercerá la presión necesaria para que mediante los mecanismos legales establecidos, se apruebe la Ley de Amnistía o sobreseimiento que es una aspiración general de todos los venezolanos, en este tiempo de crisis que vive la Nación”. Crisis que sin duda alguna en 2016 podemos aseverar es muchísimo más grave a la que en 1992 llevó a un grupo de militares alzados en armas, con Hugo Chávez a la cabeza, a intentar derrocar con violencia al gobierno legitima y constitucionalmente constituido del ex – Presidente Carlos Andrés Pérez.
Junto a otros militares golpistas, Hugo Chávez salió de la cárcel el 26 de marzo de 1994, luego que el Presidente Rafael Caldera argumentando razones de interés nacional, como la reunificación de las Fuerzas Armadas y la paz de la nación, decidiera decretar el sobreseimiento de las causas seguidas a raíz de las violentas y sangrientas intentonas golpistas del 04 de febrero y 27 de noviembre de 1992.
En Gaceta Oficial del 17 de abril de 2000 fue publicada la Ley de Amnistía aprobada por la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional Constituyente con la aprobación, entre otros, de Elías Jaua y Elvis Amoroso, que benefició de manera directa a otro importante grupo de militares golpistas del 4F y 27N que además de haber irrumpido en contra de un gobierno legítimamente constituido, violaron de manera grave los derechos humanos de muchos ciudadanos que resultaron muertos o heridos en medio de estos hechos violentos.
Después de haber realizado estos relatos que forman parte de la historia política reciente de nuestro país y analizando de manera objetiva los alcances obtenidos, no encuentro justificación lógica a la insólita campaña de satanización que en contra del Proyecto de Ley de Amnistía presentado por la MUD ante la Asamblea Nacional han iniciado algunos personeros del Gobierno Nacional y dirigentes del PSUV, que incluso en su momento y a pesar de haber cometido gravísimos delitos de violación a los derechos humanos fueron beneficiados con gracias similares. Permitiéndoles posteriormente incorporarse a la vida política e incluso ahora ser parte activa del equipo que ostenta el poder en Venezuela.
No he visto a Antonio Ledezma empuñando un fusil apuntando hacia Miraflores, tampoco a Leopoldo López disparando a mansalva contra la residencia presidencial de La Casona, menos a Manuel Rosales a bordo de una tanqueta intentando derribar puertas del palacio presidencial, ni a Daniel Ceballos piloteando un avión bombardeando la sede de PoliSucre o el SEBIN. Sin embargo embriagados de poder quienes protagonizaron escenas como estas y fueron beneficiados por amnistías o sobreseimientos que les permitieron recuperar su libertad, luego de estar solo dos años en prisión, se niegan a que ciudadanos inocentes se reencuentren con sus familiares y seres queridos argumentando motivaciones políticas como estandartes de odio y revanchismo que en definitiva debemos vencer y erradicar.
Con ocasión de cumplirse el 18° aniversario de la salida de Hugo Chávez de la cárcel de Yare, la Diputada Cilla Flores expresó que fue el pueblo venezolano quien presionó al entonces Jefe de Estado, Rafael Caldera, para que le otorgara el sobreseimiento de la causa por los sucesos del 4-F al Comandante Hugo Chávez Frías. Por lo que ahora me permito aseverar que el pasado 06 de diciembre ese mismo pueblo venezolano votó mayoritariamente por una nueva Asamblea Nacional cuyos Diputados en campaña izaron el estandarte de la libertad de los Presos Políticos y Exiliados como principal propuesta electoral. Mandato que debe materializarse con la aprobación de la Ley de Amnistía que permita la liberación de todos los que están tras las rejas o en el difícil destierro solo por pensar distinto.
En 2016 hay quienes tratando de barrer la historia pretenden imponer que la Amnistía pase, del cielo al infierno