Las expectativas del decreto de estado de emergencia económica, publicado en Gaceta Extraordinaria 6.214, asoma “más incertidumbres” que salidas a la crisis económica, adelanta la Unión Empresarial del estado Zulia (Ucez). Recrudecen las amenazas contra el derecho de libertad económica, consagrado en la Constitución, resalta Fedecámaras Zulia, reseñó La Verdad.
Por Yasmín Ojeda
La desconfianza ronda al sector empresarial. La razón más pesada está contenida en los artículos 2, numeral 9, y 4, que otorgan poderes al presidente Nicolás Maduro para “requerir de las personas naturales o jurídicas o posesoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopios, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos” y “establecer límites máximos de ingreso o egreso de menda venezolana del curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras”.
Las disposiciones causan “miedo”. Se refuerza la política de “confiscaciones y expropiaciones” que ejecuta el Gobierno para tomar bienes privados, considera Carlos Dickson, presidente de Fedecámaras Zulia. “Esperábamos con ansiedad conocer las medidas económicas y decisiones ante el tercer año de crisis económica”, pero la realidad expuesta por el gabinete económico de mantener “es un modelo fracasado” y adoptar un decreto que “nos preocupa, genera miedo. Es estatización”.
Y es que el ordenamiento, ya en poder de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia para su deliberación, tiene “dos caras” y persiste en continuar el “desastre económico”, asegura Gilberto Gudiño Millán, presidente de la Ucez. “Mantiene la intervención (del Gobierno) que nos termina de encaminar hacia el colapso porque no se corrigen los entuertos (errores)”, al tiempo que se reconoce la “crisis económica” e insisten con aplicar el plan de la patria y políticas acentuadas en ideologías con solución “incongruente”.
Gudiño Millán rechaza el ordenamiento al conceder al Ejecutivo el poder para restringir el uso del dinero en todas las modalidades: efectivo y por transferencias. “Es atentatorio del derecho a uso de tu propio dinero. Más cuando hay un grupo de venezolanos de tercera edad y rurales que no han aprendido a utilizar los mecanismos tecnológicos”.
Ocho claves del decreto
1. El decreto señala que existe inflación inducida, valor ficticio de la divisa, sabotaje, guerra de precios, especulación.
2. Se podrá disponer de los recursos provenientes del presupuesto nacional 2016 para la recuperación económica.
3. Agilizar los trámites para la importación y nacionalización de mercancía requerida.
4. Se indica dispensar medidas en materia de política cambiaria.
5. El Gobierno podrá adoptar medidas para estimular inversión, intervenir, restringir y limitar acceso a los bienes y servicios bajo la garantía de asegurar alimentos y servicios a la población.
6. Se convoca al poder popular y sus organizaciones y grupos de la sociedad civil a la “consecución de los más altos objetivos de la consolidación de la patria productiva”.
7. La AN y el TSJ tienen ocho días para la revisión, discusión y aprobación o no del decreto publicado por el Ejecutivo a días de haber finalizado una Ley Habilitante que ya había otorgado poderes al Presidente de la República.
8. El decreto tendrá una duración de 60 días, prorrogables por 60 días más, de acuerdo con la Constitución.