La no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRPC) lamentó hoy que el país haya superado las 300 ejecuciones tras el levantamiento de la moratoria en diciembre de 2014, una medida que, dice, va contra los derechos fundamentales y no disuade a los terroristas. EFE
“Cuando el Gobierno levantó la moratoria escribimos al primer ministro (Nawaz Sharif) desaconsejando esa decisión y decimos esto de nuevo ahora con 332 ejecuciones”, indicó a Efe la presidenta de la ONG, Zohra Yusuf.
En un informe entregado el pasado viernes en el Parlamento paquistaní, el Ministerio del Interior y la Oficina de Control de Narcóticos, indicaron que 332 personas han sido ejecutadas en el país tras la vuelta a la aplicación de la pena capital en el hasta ahora único dato oficial de ejecutados en el país.
El Gobierno de Nawaz Sharif decidió en diciembre del 2014 suspender la moratoria que de facto existía sobre la aplicación de la pena de muerte tras el asalto de un grupo de talibanes a una escuela en Peshawar (norte) que dejó más de 150 muertos, 125 de ellos niños.
El levantamiento de la moratoria inicialmente se aplicó para los casos de terrorismo, pero en abril fue extendida a todos los delitos en medio de medidas como la creación de tribunales militares excepcionales para los delitos perpetrados por insurgentes.
“La mayoría de las personas que han sido ejecutadas no caen en la categoría de insurgentes, son simplemente criminales”, indicó la activista, al subrayar que este tipo de penas no son en absoluto “disuasorias”.
Entre los ejecutados el año pasado por Pakistán se incluyen varios casos controvertidos, como el de jóvenes supuestamente menores en el momento de cometer el crimen por el que fueron condenados, según organismos como Humans Right Watch o Amnistía Internacional.
Según datos oficiales, 6.061 condenados a muerte aguardan su ejecución, una cifra que organizaciones de derechos humanos elevan a 8.000.