Para el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro, los “patriotas cooperantes” son los garantes de la revolución socialista, necesarios para poner a raya al ala más radical de la oposición.
Por Diego Oré / Reuters
Pero sus adversarios sostienen que el término no es más que un eufemismo para referirse a un puñado de soplones, con los que las autoridades buscan sembrar el miedo y evitar la disidencia.
Lo concreto es que por su delaciones anónimas, decenas de venezolanos han sido apresados en los últimos años.
A continuación, algunos de los casos más emblemáticos:
ARAMINTA GONZÁLEZ
A mediados del 2014, sin que existiera ninguna orden de aprehensión en su contra, Araminta González, en ese entonces de 33 años, fue detenida por agentes de inteligencia mientras paseaba con su novio en un centro comercial de Caracas.
La aprehensión, calificada de “ilegal” por su abogado José Vicente Haro, fue seguida de una brutal paliza, tortura y amenazas de muerte que su defensor describió como “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
González, técnico en procesos químicos, fue acusada de supuesta “fabricación de explosivos” y encerrada en una cárcel de mujeres en las afueras de Caracas, donde permanece sin que se le haya iniciado, tras más de 20 diferimientos, una audiencia.
El viacrucis de González empezó durante las protestas contra Maduro, cuando refugió a unos supuestos manifestantes opositores que terminaron robándole algunas de sus pertenencias. Ellos la amenazaron con denunciarla ante los servicios de inteligencia si los delataba. González no lo hizo, pero los patriotas cooperantes, sí.
GILBERTO SOJO
Sojo, activista de Voluntad Popular, planeaba colocar un explosivo en las adyacencias del Palacio de Justicia con el fin de lograr la liberación del líder de su partido, Leopoldo López.
Al menos, esa es la conjetura de un patriota cooperante que le costó a Sojo su detención en la sede del servicio de inteligencia desde fines del 2014, a pesar de haber sido electo diputado y contar con inmunidad parlamentaria.
Su abogada, Theresly Malavé, asegura que lo encarcelaron como una venganza política por ayudar a reunir firmas para convocar a una Asamblea Constituyente.
Malavé dice que una de las contradicciones que más le llamó la atención fue la experticia realizada a la motocicleta de Sojo, según la cual se encontraron rastros de C-4 sin polvo, a pesar de que el vehículo estaba enteramente cubierto por una delgada capa de suciedad por las semanas que permanecía sin uso.
ROSMIT MANTILLA
Escudados bajo la oscuridad de una madrugada de mayo del 2014, agentes del servicio de inteligencia allanaron el apartamento en el que Rosmit Mantilla vivía con sus abuelos, en una urbanización de clase media de Caracas.
Sin orden de aprehensión y tras hallar sobres con dinero para supuestamente financiar la ola de protestas antigubernamentales de principios del 2014, se llevaron esposado al estudiante y activista opositor, en ese entonces, de 33 años.
Su familia, que estaba cuando lo detuvieron, insiste en que al defensor de la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBT) le sembraron el dinero y exige su liberación luego de que fuera electo, en diciembre, diputado de la Asamblea Nacional y con ello, adquiriera la inmunidad parlamentaria.
YEIMI VARELA
El 1 de mayo del 2014, como cada noche durante los últimos 20 años, el vigilante Yeimi Varela cuidaba la casa que funge como sede de “Humano y libre”, una asociación civil que dictaba talleres a jóvenes en barrios problemáticos.
En plena madrugada, un grupo de agentes encapuchados no identificados allanaron la sede y se llevaron detenido a Varela, de 35 años, acusado de “asociación para delinquir”.
Según documentos de su dilatado juicio, el joven vigilante fue incluido en la causa del piloto comercial Rodolfo González y otros dos estudiantes universitarios a quienes recién conoció en los tribunales de Caracas.
Los uniformados llegaron al lugar gracias a la información suministrada por un patriota cooperante, quien aseguró que en el lugar se estaban planeando actividades subversivas. Como no hallaron a los fundadores de la ONG, se llevaron a Varela.
Reuters