Una nueva clase de ciudadanos está emergiendo en Venezuela: los patriotas cooperantes.
Para el Gobierno de Nicolás Maduro son los garantes de la revolución socialista que ponen a raya al ala más radical de la oposición. Pero sus adversarios sostienen que el término no es más que un eufemismo para el ejército de soplones con el que las autoridades buscan sembrar el miedo y evitar la disidencia.
Por Diego Oré / Reuters
No tienen rostro, ni identidad, pero sus testimonios son suficientes para iniciar causas legales plagadas de irregularidades, que erosionan la imparcialidad del sistema de justicia y el equilibrio de poderes de la democracia venezolana.
Documentos de los juicios donde fueron testigos principales y a los que Reuters tuvo acceso, muestran que su número y los detenidos por sus delaciones van en aumento.
Contraviniendo las leyes locales, decenas de venezolanos han sido procesados por estas denuncias anónimas, acusados de tener la voluntad de perpetrar un delito aún antes de intentar cometerlo.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Rodolfo González.
Al regresar del cine, una noche de abril del 2014, funcionarios del servicio de inteligencia allanaron su apartamento en el este de Caracas y se lo llevaron esposado bajo cargos de ser “uno de los cerebros” de las protestas contra Maduro que, a principios de ese año, dejaron 43 fallecidos.
El llamado que alertó a los agentes provino de un patriota cooperante anónimo que les suministró una grabación de audio de González que no ha sido presentada en el juicio y donde, supuestamente, el ex piloto comercial planeaba “actos desestabilizadores” contra el Gobierno.
Esa misma noche, González, de 63 años, fue encerrado en un oscuro calabozo del servicio de inteligencia, Sebin, donde, casi un año después y sin que hasta ese momento se hubiese iniciado el juicio en su contra, se quitó la vida ahorcándose con su cinturón cuando estaban a punto de trasladarlo a una cárcel.
“Sin más pruebas ni investigaciones, sólo por el testimonio anónimo de un patriota cooperante, hemos cambiado radicalmente nuestras vidas”, se lamentó Lissette, la hija de González, sin poder evitar que se le quebrara la voz al recordar el aciago episodio.
Desde su oficina en una universidad de Caracas donde trabaja como profesora, Lissette insiste en la inocencia de su padre y dispara contra el Gobierno.
“Su estrategia es desmovilizar apostando al miedo. Si uno empieza a sospechar que cualquier cosa que digas puede terminar en una acusación, no te va a dar miedo marchar o protestar sino, incluso, hablar con el vecino”, caviló la socióloga.
El Gobierno no respondió a las solicitudes de Reuters para hablar sobre el tema, pero en varias oportunidades ha elogiado a los patriotas cooperantes y hasta el propio Maduro ha invitado a sus huestes a sumarse.
“Llamo al pueblo venezolano a estar alertas y a que nos convirtamos en millones de patriotas cooperantes para garantizar la paz de este país, la estabilidad de este país”, dijo recientemente, puño derecho en alto, ante miles de adeptos.
Dos, tres… Muchos patriotas cooperantes
Desde el retorno de la democracia a Venezuela en 1958, nunca se había fomentado desde el Estado la vigilancia y la delación entre ciudadanos.
Pero todo cambió el 31 de marzo del 2011. Ese día, tras una caminata de seis horas a través de la espesa selva venezolana, miembros del Ejército detuvieron a dos nacionales y dos colombianos supuestamente dedicados a la minería ilegal.
Los uniformados llegaron al lugar, en el corazón del estado sureño de Amazonas, gracias al aviso de dos “patriotas cooperantes”, según consta en el expediente del juicio. Ese fue el primer proceso en el que aparecieron individuos protegidos bajo aquella figura anónima.
Desde ese momento hasta el 2013 fueron iniciados menos de una decena de casos judiciales por estos delatores sin nombre.
Pero fue a partir de 2014, durante las violentas protestas contra Maduro, que los casos originados por patriotas cooperantes empezaron a multiplicarse. Desde entonces y hasta ahora ha habido al menos 20 casos, según un recuento de Reuters ante la falta de estadísticas oficiales o de organizaciones civiles.
“Sin duda están aumentando (los juicios por delaciones de patriotas cooperantes)”, dijo a Reuters el abogado José Vicente Haro, quien ha defendido a una veintena de personas inculpadas por patriotas cooperantes. “Antes no había visto esa figura”.
Para Haro y otros juristas ese incremento es igual de preocupante que su actuación al margen de la ley.
En las decenas de expedientes que cotejó Reuters, se asegura que los denunciantes, identificados como “patriota cooperante”, “testigo” o “informante”, no aportaron datos filiatorios en “resguardo de su identidad física” y por temor a “represalias”.
“Eso impide que el defensor pueda interrogar a esa persona en juicio para verificar sus dichos y contrastarlos con la realidad”, se quejó Haro.
De hecho, tal procedimiento va en contra de la legislación venezolana que estipula que toda denuncia debe acompañarse de la identificación completa del acusador. La única excepción aplica para operaciones encubiertas en casos de delincuencia organizada o terrorismo, y siempre, previa autorización judicial.
Además, aquellos agentes encubiertos deben pertenecer a los organismos de seguridad del Estado, un requisito que no cumplen varios de los patriotas cooperantes que Reuters identificó.
“El patriota cooperante es una figura nefasta para la democracia. Es la delación pura y simple, propia de regímenes autocráticos”, dijo Alejandro Salinas, abogado chileno autor del reporte ‘Venezuela: el ocaso del Estado de Derecho’ de la ONG Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra.
“La delación no es compatible con el más mínimo estándar de estado de derecho ni de respeto a los derechos humanos”, agregó el asesor en derechos humanos de la cancillería chilena.
Aunque ninguna organización ha impulsado un reclamo ante instancias internacionales, algunos abogados de inculpados por patriotas cooperantes han alzado su voz en medios de comunicación. Las ONG locales Fundeci y Foro Penal incluso defienden gratuitamente a varios de ellos.
“Si no fuera por los patriotas cooperantes, la oposición apátrida ya hubiera dado un golpe de Estado”, dijo un fiscal del Ministerio Público que solicitó el anonimato por no estar autorizado a declarar públicamente. “En otros países también existen, sólo que no se hace tanto bochinche como aquí”, agregó.
¿Mito o realidad?
Una madrugada de abril del 2014, en plena efervescencia de las protestas opositoras, un grupo de funcionarios de la policía de investigaciones se apostó en la puerta del apartamento de la poetisa Balvina Muñoz, en Caracas.
Armas en ristre, los agentes tocaron el timbre y al no obtener respuesta empezaron a golpear la puerta con ferocidad hasta que Muñoz, en bata y desconcertada, les abrió. “Dame la novela”, le gritó uno. “La que estás escribiendo… ¡Dámela!”, le espetaron según una de sus abogadas, Elenis Rodríguez.
Los uniformados buscaban el borrador de ‘El amor en tiempos de guarimba’, la primera novela de Muñoz, que cuenta el devenir de los jóvenes venezolanos durante las protestas.
Acusada de “instigar al terrorismo y al odio social”, Muñoz, madre de dos, fue encerrada durante 11 meses en una cárcel de mujeres en las afueras de Caracas donde, según su defensa, fue golpeada brutalmente.
Semanas antes de su detención, una joven delgada y muy atractiva llegó al campamento de estudiantes que Muñoz frecuentaba en busca de inspiración para su novela. Después de ganarse su confianza, la literata le contó sobre su ópera prima, sin sospechar lo que le costaría esa confidencia.
Quienes han padecido sus delaciones creen que existirían dos tipos de patriotas cooperantes: los “amateurs” que cobran por la información suministrada y los “profesionales” que pertenecen a los servicios de seguridad del Estado.
Los primeros suelen ser esporádicos y espontáneos, mientras que a los segundos se les asigna una labor específica.
“El patriota cooperante es un ‘sapo’, puede que exista, que se convierta para ganar indulgencias con el Gobierno, dicen que les dan dinero”, dijo Theresly Malavé, abogada de otro acusado por patriotas cooperantes, Rosmit Mantilla, en su oficina dentro de un vetusto edificio en el centro de Caracas.
Y, en una acusación más grave, Malavé asegura que el patriota cooperante que delató a Mantilla pudo haber sido un invento de los organismos de seguridad: “También pueden surgir de la imaginación del policía”.
Real o de ficción, un patriota cooperante es el responsable de que Mantilla tenga más de un año detenido en el Helicoide, sede de la policía de investigaciones y de que, agobiada por su encierro, su abuela fuera hospitalizada varias veces.
A Dos Rogando…
Cada miércoles en horario estelar, Diosdado Cabello, el vicepresidente del partido de Gobierno, exalta las virtudes y logros de los patriotas cooperantes en su programa de televisión “Con el mazo dando”, transmitido por el canal estatal VTV, el de mayor alcance.
En el segmento final bautizado como “Los Mazazos”, el poderoso Cabello lee o muestra reportes de supuestos patriotas cooperantes sobre las actividades de políticos de oposición, activistas sociales, miembros de ONG y periodistas que, según sus críticos, revelan “una práctica de vigilancia”.
Durante un programa del año pasado, Cabello leyó un comunicado de una supuesta ‘Asociación de patriotas cooperantes’, que describía las cualidades para entrar en ese turbio mundo de delaciones.
“Para ser un patriota cooperante se requieren sólidos principios morales, amor a la patria y lealtad al presidente de la República y al legado del comandante supremo Hugo Chávez”.
Con llamadas telefónicas pinchadas, videos, fotos y documentos proporcionados por alias como “el yudoka”, “agüita de coco”, “pica pica” o “patriota mundo”, Cabello ha logrado acechar la mayoría de movimientos de la oposición venezolana.
“Existe una estrategia de seguimiento y vigilancia a través de este programa”, dijo Mariengracia Chirinos, responsable del área de libertad de prensa de IPYS Venezuela, una sociedad de periodistas independientes que defiende las libertades informativas y promueva el periodismo de investigación.
Cabello ha replicado las críticas asegurando que el pueblo merece saber en qué “marramucias” (cochinadas) están involucrados los políticos y activistas opositores a quienes acusa de querer sembrar el caos para desbancar a Maduro.
“Los patriotas cooperantes son unos campeones”, dijo Cabello, entonces presidente del parlamento, tras mostrar un subrepticio video de un opositor en el extranjero.
A pesar de la innegable influencia de Cabello, el Poder Legislativo, donde ahora tiene mayoría la oposición, podría abrir las celdas de decenas de inculpados por patriotas cooperantes con la ley de amnistía que busca sancionar.
Pero muchos defensores de derechos humanos creen que el daño ya está hecho.
“La mayoría de las personas que he conocido, de casos que he llevado, dicen ‘yo no quiero saber más de política’, se vuelven apolíticos y eso le hace daño a una sociedad”, aseveró el abogado Haro. Reuters