La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, Gladys Gutiérrez, exaltó hoy la facultad que tiene el máximo tribunal de revisar todas las instancias del poder del Estado y, bajo ese contexto, sus decisiones no pueden ser recusadas.
EFE
“La supremacía por definición excluye la posibilidad de recurrir a un órgano superior, (…) así el Tribunal Supremo tiene plena facultad para revisar los actos de los demás órganos de rango constitucional”, dijo la magistrada en el acto de inauguración del ejercicio anual del TSJ.
La precisión de Gutiérrez sobre las facultades de la institución se hace en un momento en el que el Poder Judicial comienza un nuevo año enfrentado con el Parlamento que, desde que pasó a ser controlado por los opositores, el pasado 6 de enero, ha cuestionado la independencia del máximo tribunal y el Ejecutivo.
Gutiérrez, que no se refirió directamente al Legislativo, aseveró que “hay un solo poder árbitro que dirima, el Tribunal Supremo de Justicia”.
La magistrada subrayó la importancia del TSJ durante el último año que, según ella, lo convierte en un “baluarte para garantizar la estabilidad institucional, así como para preservar la paz pública y el normal desenvolvimiento del desarrollo nacional”.
A lo largo de 2015, el Poder Judicial “se mantuvo alerta y procedió a expresar su posición institucional y dictar diversos fallos en resguardo de la vigencia y efectiva aplicación de la Constitución, salvaguardando los valores fundamentales de paz y convivencia y seguridad”.
En este sentido, la presidenta del TSJ recordó, como una de las principales acciones de la Justicia venezolana, la sentencia que declaró “injerencista” la orden ejecutiva del Gobierno de EE.UU. que decretó a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad de la nación norteamericana.
Asimismo recordó que en ese año el tribunal sentenció que la ley aprobada en EE.UU. para sancionar a funcionarios venezolanos a los que Washington considera violadores de derechos humanos “no tiene jurisdicción alguna” en Venezuela y “carece de validez y efectividad”.
Aseguró que hubo un incremento de 130 % de sentencias emitidas emitidas por juzgados penales respecto al año 2014, con el dictamen de 21.101 sentencias, lo que, según Gutiérrez, superó los 19.528 asuntos ingresados y se atendieron, además, 21.240 privados de libertad.
En el último año se dictaron 221.527 fallos en materia de protección de niños y adolescentes, 205.700 decisiones en materia civil, 95.412 dictámenes en casos de violencia contra la mujer, 43.770 fallos de responsabilidad penal de adolescentes y 42.492 pronunciamientos laborales.
Asimismo, hubo 21.101 sentencias de tribunales municipales penales, y 14.426 decisiones en materia de contencioso administrativo y contencioso tributario.
En suma, a los largo de 2015 hubo 1.290.235 fallos de causas ventiladas ante el estamento judicial que, dijo la magistrada, “denotan la alta confiabilidad de pueblo en sus establecimiento judiciales”.