La diputada a la Asamblea Nacional, Dignora Hernández aseguró que el gobierno se ha encargado de desmontar su discurso cuando ha ejecutado su política anti obrera contra el pueblo que “dice defender”. De la misma manera se preguntó ¿Decretos de supresión, reconocimiento de políticas fracasadas o instrumentos de retaliación política? Son los que se realizan de espalda a los trabajadores”.
Hernández manifestó su preocupación frente “a que amparados en la figura jurídica de la supresión y la liquidación, diversos órganos del estado desconozcan los derechos laborales de los trabajadores y en ocasiones sea utilizada para ‘salir’ de algún personal que o bien les resulta incomodo o que sencillamente desean sustituir por otros. Eso lo pudimos comprobar luego de entrevistas sostenidas con un grupo de trabajadores afectados del extinto Ministerio de Ambiente y del Servicio Socialista de Transporte del Estado Yaracuy a solicitud de estos, dichas prácticas se realizan de espalda a los trabajadores, utilizando manipulación y acciones de psicoterror, amenazando que serán despedidos e inclusive procesados por hurto, en algunos de los casos”.
Detalló que todas esas arbitrariedades estarían siendo justificadas bajo el proceso de supresión y liquidación, “a mi juicio, estas prácticas configuran la política antiobrera del Estado y desmonta el discurso de amor al pueblo que expresan a conveniencia, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Qué opinión tendrá de esto el Presidente Obrero?”.
Explicó que aún sin conocer los informes técnicos que sustentan la conveniencia o no de la supresión o liquidación de estos entes “rechazamos que los mismos se realicen de espalda a los trabajadores sin que exista en las juntas liquidadoras una representación de los mismos, todo esto se realiza sin evaluar la situación de todo y cada uno del personal que allí labore y aun más, que se hagan bajo mecanismos de intimidación, como lo señalan las partes afectadas”.
Caso de Trabajadores del Extinto Ministerio de Ambiente:
El 03 de septiembre de 2014 se suprime el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda y se crea el Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo (Decreto 1227). Un mes más tarde, se le cambia el nombre a MPP para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda (Decreto 1293).
A partir de esta supresión y creación de un nuevo Ministerio que cumpliría la funciones de los suprimidos, se inicia un proceso de procedimientos irregulares hacia los trabajadores de los ministerios suprimidos, tales como; suspensión de vacaciones, suspensión de reposos, suspensión de permisos por lactancia, suspensión de permisos postparto: Acciones que nunca se oficializaron por escrito. Adicionalmente, se les reduce su salario en casi un 60% sustentando tal irregularidad en la suspensión de bonos antigüedad y bonos evaluación, todo sin entregar nada por escrito, presionando a los trabajadores a firmar sus liquidaciones ante las necesidades económicas y problemas de salud que les afecta por las presiones de estas autoridades.
Caso trabajadores del Servicio Socialista de Transporte de Yaracuy
En una denuncia realizada ante la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional por los trabajadores afectados, estos informaron que este ente a atravesado ya por tres supresiones, la última de ellas decretada por la gobernación del Estado Yaracuy el 07/12/2015 la cual fija un lapso de dos meses para ser ejecutada finiquitando la supresión y liquidación del instituto.
Estos trabajadores señalan haber sido notificados verbalmente en fecha 18/01/2016, dejándoles solo un lapso de 15 días para abogar por sus derechos laborales.
En el primer lote de despedidos sale toda la estructura del sindicato, sin tomar en cuenta sus fueros, así como trabajadores con discapacidad, delegados de prevención y trabajadores fundadores del sindicato, según señalan estas acciones comenzaron desde el mismo momento en se empezaron a quejar por los horarios de trabajo, porque les tocaba redoblarse en su jornadas.
Cabe señalar que estos trabajadores que se llaman a sí mismos Socialistas y Chavistas, denuncian atropellos, violación a sus derechos humanos, intimidación, y coacción para renunciar de manera “voluntaria” en la sede de un comando policial; todos estos son hechos muy graves de comprobarse su veracidad.
Hay que destacar que una representación de los trabajadores afectados, acudió a diversas instancias del estado buscando justicia laboral, pero la respuesta ha sido más despidos. Recalcando el hecho de que aun cuando existe la medida actual de supresión y liquidación, los transportes siguen prestando servicios normalmente y están reclutando personal para suplir los cargos que los trabajadores despedidos han dejado vacantes, estando esto en total contradicción con un ente que este en proceso de supresión.
La también dirigente nacional de Cuentas Claras solicitó ante la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional una investigación a los casos nombrados y no descartó previa evaluación técnica la posibilidad de pedir la interpelación de las autoridades que ejecutan estas acciones para conocer su versión de los hechos y prevenir que se sigan cometiendo actos como estos, pues ya se tiene conocimiento de otros, “todo parece indicar que se convertirá en una práctica, a no ser que de pronto todos los institutos creados hayan resultados fallidos para subsanar la problemática que intentaron resolver, alguien debe explicar, si estas figuras jurídicas constituyen decretos de supresión, reconocimiento de políticas fracasadas o instrumentos de retaliación política”.
Dignora Hernández finalizó enfatizando “desde ya insto a los entes responsables de ejecutar estas medidas a velar por los derechos laborales de los trabajadores, actuando apegados a la ley, buscando siempre proteger al trabajador que como padre de familia debe ser reubicado, jubilado, o liquidado sin que para ello tenga que verse sometido a vejámenes ni violación de sus derechos por parte de ningún funcionario del Estado. En este caso no me refiero a la pertinencia o no de la supresión, que habrá que revisar, pero si a las formas como la misma son ejecutadas, contradiciendo el discurso de amor al pueblo que usan cada vez que les resulta conveniente, recuerden que estas personas una vez confiaron en ustedes, no conviertan estos decretos en instrumentos de retaliación política”