Juan Andrés Reyes, abogado de 30 años de edad, deseaba emanciparse de sus padres y vivir solo en un apartamento propio. Tiene 10 años trabajando para un despacho jurídico y desde entonces cotiza en el Fondo de Ahorro Obligatorio para Vivienda, lo que antes era el préstamo hipotecario por Ley de Política Habitacional, publica El Nacional.
DULCE MARÍA RODRÍGUEZ
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Le gustaba un apartamento que está ubicado en Colinas de Parque Caiza de 88 metros cuadrados, 3 habitaciones, estacionamiento, ventanas panorámicas, cocina empotrada con tope de granito y 2 baños remodelados. Costaba 31 millones de bolívares. Fue al banco a preguntar los requisitos para iniciar los trámites y la repuesta del asesor bancario lo frustró.
Le informó que para poder optar a un préstamo por el FAOV, el precio del inmueble no podía ser mayor a 500.000 bolívares. “Esa cifra no alcanza ni para comprar una nevera de 22 pulgadas de 2 puertas verticales”, indicó Reyes.
Tampoco alcanza para adquirir un televisor inteligente de 48 pulgadas; que cuesta 570.000 bolívares; una lavadora automática de 18 kilos, cuyo precio es de 503.000 bolívares o una bicicleta de ruta con el cuadro de aluminio, que vale 535.000.
Marianela Medina tiene 33 años de edad y es odontóloga. Está casada y es madre de una niña de 3 años. Una de sus metas para este año era mudarse a una vivienda propia. Comenzó a indagar sobre las opciones de créditos hipotecarios disponibles en el país y se sorprendió.
Le interesaba comprar un apartamento en Colinas de Bello Monte de 84 metros cuadrados que cuesta 47,6 millones de bolívares. Tiene 2 habitaciones, un baño y estacionamiento. Aunque le pareció un monto elevado para la ubicación del inmueble y el tamaño, se enamoró de los acabados y de la cocina empotrada. Fue a averiguar en el banco que posibilidades tenía y le explicaron que su ingreso familiar mensual debía ser de 15 salarios mínimos de 9.648,18 bolívares; es decir 144.722,7 bolívares, para que le financiaran 5,6 millones de bolívares, el monto máximo por el que se otorgaban la semana pasada créditos hipotecarios adquiridos con recursos propios. Además, debía pagar mensualmente 50.000 bolívares al banco, que equivalen a 35% del ingreso del grupo familiar durante 20 años. También tenía que contar con 42 millones de bolívares para cancelar el resto del precio del inmueble. “Creo que será imposible tener casa propia”, expresó
Incremento poco beneficioso
El jueves pasado el presidente Nicolás Maduro, después de ser aprobada en primera discusión la Ley de Propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela, a la que calificó de “anticonstitucional”, anunció: “Estoy autorizando que se haga un incremento del beneficio de créditos para la adquisición de vivienda principal a grupos familiares con ingresos mensuales entre 3 y 15 salarios mínimos para extenderlos hasta 20 salarios mininos y ampliar los beneficios a toda la clase media profesional trabajadora”.
Con ingresos familiares de 192.963,6 bolívares, equivalentes a 20 salarios mínimos, las instituciones bancarias pasarán a financiar entre 7,2 millones y 7,9 millones de bolívares, dependiendo del tiempo de pago, para la adquisición de viviendas y las cuotas mensuales quedarían en 67.536 bolívares, explicó Carlos González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
Indicó que solo entre 2% y 3% de las familias tienen ingresos tan altos para optar a este financiamiento y que el monto del crédito resulta insignificante para comprar.
En Sebucán un apartamento de 65 metros cuadrados y una habitación cuesta 150 millones de bolívares, mientras que en La Campiña uno de 53 metros cuadrados, también de una habitación, tiene un precio de 95 millones. En Altamira un apartamento de 114 metros con 2 habitaciones cuesta 250 millones de bolívares.
En La Candelaria un apartamento de 54 metros cuesta 25 millones de bolívares. En Santa Mónica, uno de 45 metros a remodelar tiene un precio de 32 millones, mientras que en el 23 de enero una vivienda de 3 habitaciones la venden en 27 millones, según avisos clasificados.
Piden indemnizar a dueños de terrenos expropiados
La semana pasada Carlos González, presidente de la Cámara Inmobiliaria; Jaime Gómez, presidente de la Cámara de la Construcción, y el Comité Hipotecario de la Asociación Bancaria participaron en la Mesa de Vivienda y Financiamiento, instalada en las jornadas de trabajo del Motor Construcción del Consejo Nacional de Economía Productiva. Presentaron propuestas para impulsar la edificación de viviendas para la clase media y de interés social.
Dijeron que lo más importante para reactivar el sector es recuperar la confianza de los inversionistas. “Es fundamental el respeto a la propiedad
privada”, expresó.
Hay que superar la política de expropiaciones e indemnizar a los propietarios de los terrenos donde han sido construidos proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, dijo. Además, solicitaron al gobierno reconocer la inflación mediante un incremento de los precios de venta de los inmuebles financiables con recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda o con recursos de la cartera obligatoria, que están congelados desde hace cuatro años.
El sector construcción registra 20 trimestres consecutivos de caída, indicó Gómez. “Desde hace cuatro años se paralizó la construcción de viviendas por parte del sector privado, porque no se han revisado ni actualizado los precios de venta de estas unidades a pesar de que los costos de los insumos han crecido al ritmo de la inflación”, añadió.
González aseveró que no hay oferta de viviendas nuevas para la venta y el alquiler de inmuebles se paralizó. En 2015 la venta de viviendas usadas repuntó debido al incremento del número de familias que migraron al extranjero y vendieron su inmueble para convertir los recursos en divisas para iniciar su vida en otro país.
Aclaró que una cosa es el precio de oferta y otra es el precio transado. “El año pasado los propietarios dolarizaron el precio de venta de sus inmuebles con la expectativa de conservar su valor en divisas. Sin embargo, al ver que pasaban los meses y no los vendían, redujeron el monto y por ello se registró una caída de 25% en los precios”.
Carlos Calanche, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, expresó que la falta de proyectos habitacionales nuevos en construcción dirigidos a la clase media ha generado que las viviendas del mercado secundario se revaloricen.
Agregó que las familias que están vendiendo su vivienda exigen el pago de contado debido a que el banco tarda cuatro meses en otorgar créditos y la moneda se devalúa rápidamente. Los propietarios están evitando vender a través de una opción a compra porque podrían enfrentar consecuencias jurídicas y hasta perder el inmueble.