Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, aseguró que las casas de la GMVV nunca han entrado en la esfera patrimonial de los venezolanos que las habitan.
Para exponer los beneficios de la Ley de Propietarios y aclararle a los ciudadanos cualquier duda al respecto, Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el Zulia, emprendió una serie de asambleas por las diferentes parroquias de Maracaibo. Su mensaje está basado en que todo venezolano tiene derecho a poseer el título que lo acredita como propietario de su vivienda.
“Siempre le preguntamos a los diputados que están en contra de esta ley: ¿Ustedes tienen título de propiedad de sus casas? ¿A nombre de quien están? Ese mismo derecho que les da la Constitución Bolivariana de Venezuela a ellos, también se los da al resto de los venezolanos, porque con la excusa de la Propiedad Familiar quieren engañar a la gente. El concepto de Propiedad Familiar no existe en la Constitución y por lo tanto no puede amparar legalmente a nadie”.
Guanipa, durante las asambleas realizadas en las parroquias Chiquinquirá y Cecilio Acosta de Maracaibo, aseguró que es legitimo que los ciudadanos tengan ciertas dudas sobre el proyecto aprobado en primera discusión el pasado 28 de enero, pero que se están haciendo todas las modificaciones pertinentes para que “el texto legal cuente con la claridad que hasta ahora no se contempla en los certificados de adjudicatarios entregados por el Gobierno”.
Destacó que ante las dudas de los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), sobre la posibilidad de modificar o ampliar la vivienda, sobre la posibilidad de traspasarla a sus hijo o de disponer de ella como algún capital; nace la necesidad de una Ley que le otorgue a todos los beneficiaros los derechos de ser propietarios. “Las casas de la GMVV nunca han entrado en la esfera patrimonial de los venezolanos que las habitan y esto es porque no se ha cumplido ni con las formalidades, ni con las solemnidades jurídicas para que ello ocurra”.
Explicó que lo peor de la adjudicación es la discrecionalidad que se reserva el gobierno a la hora de otorgar o mantener vigente el beneficio. “Para nadie es un secreto que amenazan a la gente con sacarlos de sus casas. A los que esperan por tener una casa los presionan para que militen y hasta voten por el partido de gobierno. Con esta ley eso se acaba. El Gobierno no tendría ningún poder para lanzar amenazas”.
Nota de prensa