Con el objeto de afrontar la crisis económica del país, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en Lara y sus cámaras de base, presentaron ayer la propuesta de trabajo Decisiones de Corto Plazo, la cual comprende siete líneas de acción, enfocadas en hacer frente a la caída del aparato productivo y el franco deterioro social. Subrayaron que se trata de alternativas viables , que respaldadas de voluntad política, podrían implementarse en un plazo de 120 días, reseñó El Impulso.
Por Rosmir Sivira
Acompañado de la directiva de la cúpula regional, Alberto Gámez, presidente, indicó que para solucionar la actual problemática económica es preciso que el Gobierno nacional trabaje en conjunto con empresarios privados y la ciudadanía, la más afectada.
“Si no detenemos esta crisis, el país se irá a la banca rota”, comentó el empresario, quien sostuvo que el modelo económico del gobierno es “desfasado” e “inaplicable”, por lo cual se requeriría de un viraje de 180º en las políticas del Gobierno.
El documento ya fue presentado al gobernador del estado Lara, Henri Falcón, y ante los directorios nacional y regional de Fedecámaras.
Líneas de trabajo
El contenido del texto fue expuesto por José Manuel Alejos, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Lara, también miembro de la directiva de Fedecámaras-Lara, quien señaló que este papel de trabajo surge de la preocupación de los empresarios por el drama social y económico que atraviesa Venezuela.
En vista de que no se conocen propuestas claras por parte del gobierno, plantean entonces las siguientes líneas de trabajo.
1.- Restitución del derecho de propiedad. Solicitan la revisión de las expropiaciones y confiscaciones; el retorno de empresas y terrenos ocupados, confiscados y expropiados a sus legítimos propietarios; y la indemnización a aquellos propietarios a quienes no pueden regresarles sus bienes, además del reconocimiento de cualquier otro daño causado. Esto, basado en el artículo 115 de la Constitución, el cual establece la propiedad como un derecho y los mecanismos a través de los cuales el Estado puede afectarlo, a través de las expropiaciones.
Para no impactar las arcas de la nación, también plantean la titularización de deudas, con el respaldo de los ministerios correspondientes, la Asamblea Nacional (AN) y el Banco Central de Venezuela (BCV).
Esta propuesta permitiría generar las condiciones necesarias para atraer la inversión nacional e internacional.
2.- Iniciar el camino hacia la estabilidad macroeconómica. Plantean la modificación de la Ley del BCV, a objeto de recuperar su institucionalidad y transparencia; el diseño de políticas fiscales y monetarias coherentes, basadas en la realidad del país; la presentación de un plan de control y racionalidad en el gasto público; la implementación de indicadores de gestión; y en especial, la sinceración y unificación de un tipo de cambio que restablezca la competitividad del aparato productivo venezolano.
Alejos destacó que aunque el Gobierno ha hecho reiterativos llamados a la exportación, esta no es una actividad de efecto inmediato, ya que se requiere recuperar el mercado, además se necesitan las estructuras propicias. Recalcó que la frontera con Colombia se mantiene cerrada y este es el principal socio comercial de Venezuela.
Sobre la unificación cambiaria, libre y competitiva, señaló que el sector comprende que bajo las condiciones de país es imposible hacerlo de manera inmediata, pero que en dicho ínterin se requiere que se despenalice la ley de ilícitos cambiarios y que además se permita el cambio de divisas entre particulares, que no sería fuga de capital y permitiría a las personas reconocer estos montos en sus costos de producción.
3.- Aligerar el flujo de caja de la nación. Proponen la venta de activos no esenciales, ya que el estado concentra desde líneas aéreas hasta compañías de seguros y otros; la revisión de las empresas básicas de Guayana y planteamiento de metas a futuro; sinceración del precio/costo de los hidrocarburos internos, puesto que resulta “un costoso lujo” el precio de la gasolina; sinceración precio/costo/calidad de los servicios públicos; el fortalecimiento del mandato constitucional de la descentralización; así como la supresión de Petrocaribe y acuerdos similares.
También plantean el desarrollo de ruedas de negocio para dar en concesión negocios sub-explotados y proyectos de infraestructura inconclusos, como ferrocarriles, el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo y otros.
Trajo a colación que los costos de producción petrolera, ni siquiera se cubren con el precio actual del barril de petróleo, con lo que se necesita aligerar el flujo de caja.
Subrayó que el Estado está cargado de una serie de responsabilidad y pérdidas, que lo distraen de su verdadera labor.
4.- Simplificación del marco regulatorio de la actividad económica. Si bien la actividad económica debe estar regulada, los empresarios plantean que esta no se puede ver “ahogada” ni “desalentada” por la norma. En este sentido, proponen la sustitución de la Ley de Precios Justos, por una ley balanceada de protección al consumidor, que a su vez estimule la inversión en la actividad económica.
A su vez plantean la reforma de la inamovilidad laboral absoluta por la estabilidad laboral numérica, debido a que las condiciones actuales generan daños a las empresas y por tanto, a los ciudadanos “verdaderamente trabajadores”.
Aplauden el contenido de la Lopcymat, pero proponen la revisión de su enfoque, ya que resulta punitiva e inquisidora para la actividad productiva.
5.- Promoción de los sectores claves. Hay sectores que por sus características impulsan a otros, a través de los servicios conexos, por lo cual consideran necesario que se orienten esfuerzos hacia la captación de inversiones nacionales y extranjeras, mediante ventajas que generen impacto positivo en la actividad económica, como las fiscales; se reconozca la deuda con empresas venezolanas y extranjeras; y finalmente, se evalúen y estimulen los rubros exportadores.
Venezuela pasó a exportar el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) al estimado de 4%.
6.- Establecer sistemas de compensación para la población vulnerable. Basado en las afecciones que puedan tener las medidas anteriores sobre la ciudadanía, que comprenderían el ajuste del precio de la gasolina y los servicios, entre otras, proponen el diseño e implementación de subsidios directos en moneda nacional para aquellas familias que tengan ingresos inferiores al costo de la canasta básica familiar; el diseño e implementación de subsidios al transporte público; y acceso a un sistema de salud y seguridad social inclusivo, lo que incluiría el alcance a las medicinas.
Subrayó que los actuales subsidios a Bs/$ 6,30 afectan al país y generan una “terrible marea de corrupción”. Estos deberían ser en moneda nacional, directos a las familias y a través de mecanismos modernos.
7.- Reflexionar sobre la necesidad de tomar acciones en materia de seguridad jurídica. Para ellos consideran necesaria la creación de un órgano evaluador en materia de seguridad ciudadana, multidisciplinario, que convoque a miembros de todos los poderes públicos, las ONGs y especialistas en la materia.
Subrayó que requieren urgentes medidas en la materia.
Giorgio Reni, industrial: Medidas diferentes
El problema del país es estructural, es macro y la soluciones también lo deben ser. Es importante que ataquemos el problema desde su raíz y la causa básica es este modelo económico agotado, que ha traído graves resultados para todos. Para conseguir nuevos resultados tenemos que tomar medidas diferentes. Si tomamos líneas de acción similares a las de estos 17 años, los resultados serán los mismos… El cambio de modelo es parte de la nuestra propuesta para ayudar al país.
Omar Montero, construcción: Se requiere inversión
El sector construcción es un sector que motoriza el resto de la economía, porque hacemos la infraestructura para que el resto de las actividades puedan funcionar y la única manera de que un país progrese es que invierta en construcción… Lo que consideran los estándares internacionales es que se invierta el 10%, pero Venezuela no llega ni al 2% de inversión en infraestructura, por eso la nuestra es tan obsoleta y se traduce en una baja calidad de vida de los venezolanos.
Fernando Alejo, sectores de Carora: Exceso de regulaciones
A los pueblos nos afectan mucho las regulaciones en la producción. En el caso específico de Torres, ha habido mucha regulación en el precio de la azúcar. A penas hasta la semana pasada se ajustó a 100 bolívares, pero su precio era cerca de 20 bolívares. Esto ha hecho que el sector cañicultor, principal motor del municipio, se encuentra casi desaparecido… Hay productores que de 2.000 hectáreas, apenas mantienen 100 y en esta misma proporción, merma la economía del municipio.
Álvaro Entralgo, Comercio: Los impuestos
El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras es otro problema a enfrentar… Es tan grave que una compañía mediana que estuviera trabajando y vendiendo cerca de 30 millones de bolívares, pagaría cerca de 225 mil bolívares de impuesto mensual y eso no es deducible del Impuesto Sobre la Renta…En este momento de tanta dificultad cómo se les ocurre aplicar este impuesto, además del impuesto sobre la renta que del 34% subió al 40%. Fuera de eso la Ley de Precios Justos es otra traba.
Elías Bessi, repuestos: Monopolio
El sector autopartes no escapa del problema del país. Siempre nos han mezclado con el sector ensamblador y era a ellos a quienes se les entregaba la mayor tajada de dólares Hoy día, el sector ensamblador stá monopolizado por el gobierno nacional y presenta retardos, lo que aumenta la necesidad de repuestos… En las ensambladoras no llegamos a las 28 mil unidades al año. El parque automotor es bastante antiguo, no existen vehículos de reposición, y dependemos en 91% de la importación de productos.