El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad Democrática y miembro de la Comisión Permanente de Finanzas, José Guerra planteó la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela ya que considera que el objetivo fundamental reside en restituirle sus competencias monetarias para lidiar y derrotar una inflación que hoy está fuera de control por la acción de una política monetaria que acabó con la estabilidad monetaria del país.
Nota de prensa
Guerra explicó que “aunque las sucesivas reformas a la Ley del BCV aplicadas por el gobierno mediante leyes habilitantes entre 2005 y 2014 en cierta forma fueron minando las bases del bolívar, fue con la más reciente modificación del 30 de diciembre de 2015, cuando se da la estocada que faltaba para liquidar cualquier vestigio de prudencia en el manejo de la política monetaria, y tanto peor que ello, es la demolición de la arquitectura institucional del BCV”.
Asimismo resaltó que con esa última reforma, el directorio del BCV contaría con la licencia para no publicar las cifras económicas, basado ello en el cuestionable argumento del secreto de Estado, absolutamente inadmisible en una sociedad democrática. “También se pretende institucionalizar la mutilación de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional para el nombramiento de las autoridades del BCV, como taxativamente se establece en la Disposición Transitoria Cuarta, numeral octavo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Recordó que el Parlamento, como poder originario emanado del pueblo venezolano “va a enmendar semejante desatino del gobierno y hacer que el Directorio del BCV entre por el redil de la legalidad. Un banco central es una institución fundamental para el bienestar de las naciones, la sociedad le entrega a esa institución potestades únicas como la de emitir el dinero y con ello determinar las tasas de interés y el nivel de precios de la economía. Le otorga un poder único y exclusivo”.
Por último, el diputado José Guerra aseveró que el BCV debe rendir cuentas para asegurar que las facultades monetarias concedidas sean usadas para bien, no para mal. “El bien acá lo representa una moneda sana, que preserve su capacidad de compra interna y externa, y el mal, la inflación, la destrucción de la moneda”.