La diputada a la Asamblea Nacional, Dignora Hernández aseveró que con la declaración de resurrección del Decreto de Emergencia del pasado 11 de febrero del año en curso, por parte de la Sala Constitucional, el TSJ se asume como un Tribunal Constitucional, pues se ha convertido en una especie de Corte de “interpretación” de las leyes desvirtuando cada vez más con sus fallos el espíritu de la norma, se coloca así por encima del legislador, dejando atrás la Sala Plena.
Nota de prensa
Hernández explicó que hasta el 2015 “a la Sala Constitucional poco o nada le preocupaba el control político llevado a cabo por la AN puesto que en su momento éste le sirvió al propósito de consolidar un partido hegemónico en torno a la figura presidencial”. De la misma manera detalló que “definitivamente el gobierno hace lo único que sabe y puede hacer: insultar, amenazar, decretar y nombrar cargos sin sentido, puro show, mientras tanto el TSJ le hace la tarea al protegerlos del riesgo de tener que rendir cuentas y dar explicación sobre la forma como han manejado los recursos que debieron ser utilizados para solventar la crisis en la que han sumergido al país”.
Asimismo precisó que todos los venezolanos “sabemos que el Decreto de Emergencia solo agudizará la crisis, puesto que este gobierno ha demostrado su incompetencia cuando tuvieron los recursos para superarla, creemos que es hora de tomar decisiones serias, debemos concertar acciones para salvar al país, el egoísmo o el miedo no puede ser más grande que el amor que dicen tener por su patria, ¿o sí?
La también dirigente nacional de Cuentas Claras advirtió que “con decisiones políticas y no jurídicas el TSJ trabaja para satisfacer al Psuv, sus acciones ponen en evidencia su postración ante este, dejando claro que están decididos a desconocer cualquier poder que no comulgue con su política de destrucción, incluyéndolos: de allí pues que obedezcan fielmente a quien los eligió para tan indigno trabajo, finalmente ellos son la misma gente”.
Enfatizó que con el desconocimiento de la facultad de control político que tiene el Parlamento, la Sala Constitucional mengua el valor de éste tal y como está establecido en el sistema democrático fundamentado en el principio de la separación de poderes previsto en el artículo 136 de nuestra Constitución. “Ignora así al órgano que reúne la mayor representatividad soberana al provenir los diputados electos de forma directa por los ciudadanos, propiciando con ello un insensato y peligroso desconocimiento de una de las ramas del Poder Público, paradójicamente por parte de otro órgano llamado a la defensa del texto constitucional”.
Por último, la diputada Dignora Hernández reiteró que la AN no dejará de cumplir con sus funciones “las acciones del gobierno y del TSJ nos lleva a preguntarnos, ¿Cuál es la Constitución que leen? pues esa Constitución que hoy transgreden es la misma que juran defender y hacer cumplir. Necesario es recordar que de acuerdo a lo establecido en su Artículo 7, es justamente la Constitución la ley suprema de acatamiento por todos y no la interpretación que de ella, efectúe un grupo de Magistrados reunidos en la Sala Constitucional”.