La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia debe ser el máximo garante del cumplimiento de la Constitución y la propia carta magna le atribuye la responsabilidad de ser su máximo intérprete. Pero contrario a los designios señalados, la Sala Constitucional ha violado flagrantemente lo establecido, actuando arbitrariamente y abusando del poder que ostenta.
Una cosa es ser intérprete y señalar cual es el verdadero espíritu constitucional y otra muy distinta es avalar un decreto en contra de lo expuesto. No puede el TSJ sentenciar que en un artículo donde dice “la pared es roja” quiere decir “la pared es azul”, en ese caso no está haciendo una interpretación, sino está reescribiendo el texto de la Constitución; eso exactamente es lo que hizo recientemente con su sentencia respecto al Decreto de Emergencia Económica.
El artículo 339 constitucional señala taxativamente que los decretos de Estados de Excepción deben ser aprobados por la Asamblea Nacional y el TSJ solo puede pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto. El fallo que emitieron los magistrados es por consiguiente una usurpación de las atribuciones exclusivas del Parlamento y por consiguiente, una actuación forajida.
Todo régimen autoritario cuenta con una red de tribunales que actúan en contra de la justicia, pero mantiene una fachada de legalidad que beneficia a las dictaduras, el ejemplo más explícito de ello fueron los tribunales que actuaron durante el gobierno Nazi y que sirvieron para avalar las oprobiosas decisiones de Adolfo Hitler. Los magistrados, gran parte de ellos elegidos de forma írrita, demostraron una sumisión al Ejecutivo que raya en lo servil, además de la disposición para violar la ley en beneficio de la “Revolución”.
Más allá de haber usurpado competencias del Parlamento Nacional, la Sala Constitucional hizo algo más grave con su “interpretación”, cambió lo establecido en los artículos: 337, 338 y 339 de la Carta Magna, despojando al único poder que puede modificar nuestra constitución, el poder originario que ostentan los casi 20 millones de venezolanos mayores de edad.
Por lo tanto, cuando los magistrados actuaron en contra de la Constitución, no solo actuaron contra de la legalidad o de la Asamblea Nacional, sino de todos los ciudadanos de este país, despojando de la soberanía nacional al pueblo de Venezuela. Es nuestro deber como ciudadanos, estar atentos y dispuestos a defender el hilo constitucional, la democracia y la paz.