Nicolás Maduro, luego de tres años ejerciendo la Presidencia de la República, se quedó sin pueblo, si es que alguna vez lo tuvo. La inmensa mayoría de los venezolanos, algo más de 80%, lo rechazan. Ningún mandatario nacional había caído tan bajo en la aceptación popular. Si hoy se realizaran las elecciones presidenciales, perdería hasta con el portero de Miraflores. Ya la imagen de Hugo Chávez, utilizada por él como talismán, no lo protege. El divorcio de los venezolanos fue por ruptura traumática, no por convenimiento.
Esa separación lo dejó aislado, protegido solo por sus escoltas, el Tribunal Supremo de Justicia y la cúpula militar a la que ha favorecido de forma generosa. El último regalo que le entregó fue la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio de la Defensa, negocio concebido para que la casta militar se quede con los despojos de PDVSA y el Gobierno preserve algunos activos, en el caso de que la quiebra de la estatal petrolera conduzca a la confiscación de sus bienes en el exterior.
En la red de complicidades, la Sala Constitucional (SC) del TSJ juega un papel crucial. Los regímenes autoritarios posteriores a la Guerra Fría necesitan maquillar sus arbitrariedades con dictámenes generalmente elaborados en el marco de una legalidad dudosa. Los escribas del máximo Tribunal fueron colocados allí por la dupla Maduro-Cabello para que resguardaran los intereses de la autocracia y bloquearan cualquier salida constitucional a la crisis. Desde que la oposición decidió activar uno o varios de los mecanismos contemplados en la Carta del 99 para relevar a Maduro, el gobernante entró en una espiral frenética, que lo ha llevado a colocar la responsabilidad jurídica de su permanencia en la jefatura del Estado en los miembros de la SC. Estos señores actúan como un colectivo judicial, situados al margen y en contra de la Constitución, que en su artículo 136 ordena que “cada una de las ramas del Poder Público (…) colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.
En vez de propiciar la cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo, el TSJ interviene para darle una cobertura legal a la pelea abierta que el Gobierno mantiene con el Parlamento. Es el catalizador de un choque preconcebido para impedir que en el país haya acuerdos entre el Gobierno y la oposición en los diferentes campos donde se manifiesta la crisis nacional. La reafirmación de ese adefesio que es el Decreto de Emergencia Económica confirma la tesis. La estrategia de Maduro, Cabello y el PSUV se basa en la confrontación. Diosdado lo dijo claramente en el primer debate del Proyecto de Ley de Amnistía: no habrá ningún tipo de compromisos con la oposición.
La Ley de Amnistía con toda seguridad será declarada inconstitucional por el TSJ. Lo mismo ocurrirá con cualquiera de los procedimientos que apruebe la Asamblea Nacional para reducir el período de Maduro y sustituirlo por un nuevo Presidente electo. El objetivo, entonces, tiene que ser superar el escollo que significa ese cuerpo de magistrados obsecuentes al servicio incondicional del régimen. Las salidas pacíficas, constitucionales, electorales y democráticas lucen incompatibles con un tribunal cuyo fin supremo es mantener a la camarilla gobernante en el poder y preservarse a sí mismo como órgano legal de la autocracia filocomunista.
Henry Ramos Allup asomó una fórmula que debe explorarse: aprobar una enmienda en la AN que reduzca simultáneamente el período del Presidente, los diputados y los miembros del TSJ. Representa esta una vía democrática para resolver el conflicto entre poderes que actúan en un ambiente de perpetua rivalidad. Si la soberanía reside en el pueblo, pues que sea el mismo pueblo el que dirima el impasse. A los plumíferos de la SC no les resultará sencillo descalificar la proposición. En ella están implicados todos los miembros de los poderes en pugna y se apelaría al pueblo para que apruebe o rechace la enmienda, tal cual lo exige la Constitución.
La crisis institucional hay que resolverla ya. Venezuela no es Italia donde los conflictos políticos casi no afectan la vida económica. Aquí, sin estabilidad institucional no hay bienestar económico.
@trinomarquezc