El acuerdo de justicia entre el gobierno de Colombia y la guerrilla FARC, nudo gordiano de las negociaciones para acabar con medio siglo de conflicto armado, es blanco de críticas por la ONG Amnistía Internacional (AI) en su informe anual divulgado este miércoles.
AFP
“Al proponer sanciones que no parecían ser proporcionales a la gravedad de los crímenes de derecho internacional, Colombia podría estar incumpliendo su obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de prevenir y castigar tales crímenes”, señaló la organización en su reporte de derechos humanos correspondiente a 2015.
El acuerdo, anunciado el 23 de septiembre y publicado el 15 de diciembre, prevé penas de entre cinco y ocho años para los responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto y libertad para el resto de actores, si admiten su culpa, aportan a la verdad y reparan a sus víctimas.
En su informe, la ONG con sede en Londres cuestionó también la justicia ordinaria colombiana por su alto grado de “impunidad”.
“El Estado seguía sin poner a disposición judicial a la inmensa mayoría de las personas sospechosas de tener responsabilidad en crímenes de derecho internacional”, apuntó.
Entre los casos con mayor impunidad, AI reprochó a Colombia su ineficacia en un proceso impulsado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) para desmovilizar 30.000 paramilitares entre 2003 y 2006.
“Sólo 122 de los más de 30.000 paramilitares que supuestamente abandonaron las armas en el proceso de desmovilización habían sido condenados por crímenes relacionados con los derechos humanos al finalizar el año”, destacó.
A consecuencia de la liberación de 120 paramilitares tras cumplir penas máximas de ocho años acordadas en el proceso conocido como Justicia y Paz, AI afirmó que en 2015 “persistía la preocupación por el riesgo que los paramilitares constituían para la seguridad de las comunidades a las que regresaban tras su liberación”.
Indígenas, afrodescendientes, campesinos y defensores de los derechos humanos son los colectivos más afectados por la violencia, según AI, aunque reconoció una disminución de las hostilidades derivada de los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).
“El conflicto armado continuaba afectando enormemente a los derechos humanos de la población civil, especialmente de las personas que vivían en zonas rurales”, dijo.
La conflagración interna en Colombia, que desde 1964 enfrenta a guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado, acumulaba al 1 de diciembre 7,8 millones de víctimas: 6,6 millones de desplazados, 45.000 desaparecidos y 263.000 muertos, la “inmensa mayoría” civiles, según datos de la estatal Unidad de Víctimas citados por AI.
“Todas las partes del conflicto eran responsables de crímenes de derecho internacional”, agregó el texto, que destacó la persistencia de “homicidios ilegítimos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y delitos de violencia sexual”.
Las FARC y el gobierno se comprometieron a firmar la paz para el 23 de marzo de este año. Sin embargo, en Colombia operan otros grupos armados irregulares, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) y bandas criminales surgidas tras la desmovilización de paramilitares.