Dejé transcurrir una semana de labores esperando una reacción de la fiscal Ortega Díaz. Se produjo la esperada por mí, que no era otra que su silencio, ante el reportaje dominical de Leonardo Padrón en El Nacional del pasado domingo 14, exponiendo las atrocidades cometidas contra Joselyn Prato por haber ido a la playa donde 2 horas antes la ministro de turismo y esposa de Cabello, Marlene Contreras en compañía de Stella Lugo, gobernadora del estado Falcón fueron abucheadas.
El silencio era esperado por mí porque el reportaje no puede encerrar sino una trágica y espantosa realidad, o una fantasiosa mentira que expone al escarnio a los agentes del orden público que habrían perpetrado las supuestas atrocidades; y que por lo tanto también ameritarían la apertura de una investigación por parte de la fiscalía no sólo para salvar el honor de los ofendidos, sino para sancionar la difamación.
Pero no hay reacción. El silencio forma parte del estado forajido porque la apertura de una investigación pondría de relieve que las atrocidades denunciadas no son actuaciones ocasionales de funcionarios aislados que se desvían de las instrucciones recibidas de sus superiores, sino una política de estado en cuya formulación participan las más altas autoridades; y como es normal, es solo la ejecución la que queda a cargo de los subalternos que saben que cuentan con la fiscalía y el poder judicial para la total impunidad y con la complacencia de los superiores que las consideran como meritorias para un ascenso.
¿Qué puedo esperar mañana? Nada diferente. Hay una ‘noticia criminis’ junto con un ‘hecho notorio comunicacional’ y la fiscalía permanecerá impávida. Sabe que iniciar el proceso a lo único que puede conducir es a tener otro fiscal, que como ocurrió con el proceso a Leopoldo López, pueda en cualquier momento ‘darse a la fuga’ por no poder soportar el cúmulo de delitos que se comenten al amparo del poder y de los cuales se les hace cómplices por un miserable sueldo.
Desde luego la falta de valor moral en los subalternos, que no se niegan a seguir las instrucciones de los superiores y formulan cargos contra personas que no están incursas en los delitos que se les imputan; es apenas una ligera debilidad del ánimo, comparada con la asociación para delinquir que ministros, magistrados, representantes del poder moral y del alto mando militar, bajo la batuta del jefe del estado han estructurado.
Caracas, 21 de febrero de 2016