La sentencia expedida este martes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es “un tiro a la decisión” que el pueblo expresó el pasado 6 de diciembre y que coloca al país en una lucha de poderes que, más allá de lo institucional, puede terminar enfrentando al ciudadano contra el Estado, opinó
Nota de prensa
“Aquí lo que hay es la anulación del voto del pueblo, del soberano, que es soberano no de la boca para afuera, sino porque es al que le corresponde la decisión final de quién gobierna y quién no. Esto es lo fundamental de todo esto”, indicó el también doctor en ciencias políticas.
Al calificar de “bodrio” la sentencia número 9 del 1 de marzo de 2016 de la Sala Constitucional del TSJ, Salamanca refirió que se trata de un hecho “prácticamente sin precedentes en el país”.
“Interpretar de la manera como lo hace varios temas contenidos en esa sentencia, simplemente es desconocer al pueblo, anular la voluntad popular”, expresada en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre pasado, que le confirió a los partidos de oposición, agrupados en la Unidad Democrática, la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional.
Esta sentencia “prácticamente anula las funciones de la Asamblea Nacional, que quedará como caja de resonancia de los problemas del país (…) y representa un paso más en la inutilización del actual Parlamento, al que quieren convertir en un eunuco. Lo quieren aislado, bloqueado. Es una estrategia muy clara desde el principio y no sé hasta dónde quieren llegar, pero puede ser a cualquier cosa”, advirtió.
En opinión del experto, el TSJ está “reescribiendo la Constitución” según sus propios intereses, que no son otros que proteger a los funcionarios del Gobierno para que no sean interpelados, y a los magistrados del máximo tribunal para que no sean removidos. “Están deforestando, talando la Constitución. La están volviendo inocua. Prácticamente está derogada en muchos aspectos. Esto es muy grave”, comentó.
“Pretenden establecer una nueva estructura del poder público en la cual el TSJ está por encima de todos los poderes, incluso por encima del Poder Legislativo, que es un poder electo por el soberano, donde se expresa la soberanía popular de la manera más amplia y más variada posible porque ahí están representadas todas las corrientes de pensamiento que existen en Venezuela”, indicó.
Aseguró que en Venezuela el Estado ya dejó de tener un ordenamiento jurídico y que lo que existe en este momento es un orden político. “Estas decisiones son expresión de un poder político que está acorralado por las urgencias que tiene Venezuela de cambiar políticamente, y que está atrincherado autodefendiéndose frente a esas solicitudes de cambio. Aquí no hay Derecho, lo que hay son poderes públicos que se utilizan como armas políticas para atacar al adversario y disminuirlo”.
“El ciudadano tiene que saber que aquí la única forma de defender su derecho es demostrándole su poder al gobierno, al Estado. Solo el poder ciudadano puede detener este atropello del poder constituido. Estamos en una situación de poder en la que el Derecho está ausente. Aquí, el saltarse las normas se ha convertido en la norma. Hay una Constitución escrita, pero hay otra Constitución real que es la que establecen Nicolás Maduro y su gente. El ciudadano tiene que saber que esta es una lucha de poderes no solamente institucionales. Aquí vamos a una confrontación de poderes más allá de los poderes públicos, más allá de la cuestión meramente jurídica”, advirtió.