Tras la publicación de la sentencia número nueve de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la diputada de la Asamblea Nacional, Desiree Barboza, calificó esta medida como “inconstitucional”, debido a que limita las funciones de la AN con mayoría opositora.
“Esta medida es otro golpe a la Constitución y a la voluntad popular de millones de venezolanos. El Gobierno utiliza al TSJ como un instrumento destructivo de la institucionalidad en Venezuela con el objetivo de perpetuarse en el poder”, expresó Barboza.
Por su parte, el diputado de la AN, Gilmar Márquez, señaló que esta medida “es una aberración jurídica del Gobierno” para evitar que la AN remueva a los 13 magistrados y 21 suplentes que fueron designados por el anterior parlamento.
“Este TSJ fue designado de manera ilegítima y por eso está buscando los medios para regular las funciones de la AN. Esta decisión es una aberración jurídica que atenta contra el artículo 222 de la Constitución en el que se establecen las funciones de control del parlamento”, aseguró Márquez.
Los parlamentarios consideran que con esta medida el Gobierno trata de evitar que la Asamblea Nacional presente las investigaciones que ha realizado sobre hechos de corrupción en el país e impedir que sean interpelados los Ministros, Gobernadores y Alcaldes.
Sentencia carece de legitimidad
Para el abogado y miembro de la dirección regional de Voluntad Popular, Gustavo Ruíz, con la sentencia el TSJ pretende condicionar que el trabajo de la AN sea verificado previamente por la Presidencia de la República. Explicó que esta sentencia carece de legitimidad.
“No podemos permitir que se perpetúe en el poder un régimen que no respeta la Constitución, las leyes y la democracia. Esos magistrados no pueden pasar por encima de la voluntad popular que ejerció su voto el pasado seis de diciembre”, subrayó.
Np