Americo De Grazia, diputado de la Unidad por Bolívar, denunció este lunes que los fiscales designados para investigar la desaparición y presunta masacre de 28 mineros en ese estado, intentaron entregar a la Guardia Nacional a los dos sobrevivientes y testigos del hecho, pero que no pudieron hacerlo porque los familiares lo impidieron.
Nota de prensa
En una rueda de prensa ofrecida en Caracas, De Grazia refirió que el señor J. J. Coello, padre de uno de los mineros desaparecidos, se comprometió con los fiscales a llevarle los testigos con “una sola condición: que no los delataran, que los protegieran. No habían terminado de declarar cuando ya estaba la GN buscándolos, pero los familiares, indignados, casi queman la sede de la fiscalía y por eso no se los llevaron presos. Esto pasó hoy a las 11 de la mañana”, aseguró.
El parlamentario reiteró las versiones que han circulado desde el pasado sábado, cuando familiares denunciaron que trabajadores de la mina Hoja de Lata, ubicada a una hora de la población de Tumeremo, municipio Sifontes, estado Bolívar, al sur del país, no habían regresado de sus labores. Posteriormente se supo que habrían sido asesinados y mutilados. “Los descuartizaron para que fuera más fácil cargar los cadáveres al camión de volteo” donde fueron trasladados, dijo De Grazia.
El dirigente político recordó que no es la primera vez que en el país ocurre algo así, e indicó que hasta el momento se han registrado al menos 26 masacres similares en distintas localidades del estado. “La diferencia es que este nuevo hecho tiene dolientes. Hoy hay padres y madres reclamando los cuerpos de sus hijos para darles cristiana sepultura (…) Lo que no puede haber hoy es un silencio cómplice del país ni ser indiferentes ante el dolor de esos padres y esas madres”.
Contó que el 26 de septiembre de 2006 ocurrió la primera masacre pública, notoria, en las minas de Guayana, cuando mataron a 8 personas en las minas del Alto Paragua. “Pero uno de los supuestos cadáveres sobrevivió, nadó y llegó a la orilla de La Paragua y contó lo ocurrido”.
Añadió que cuando él y el también dirigente político, Andrés Velázquez, denunciaron ese suceso, el gobernador del estado era el mismo de hoy, Francisco Rangel Gómez. “Entonces dijo lo mismo que ahora, que se trataba de un show político. Hoy, los oficiales del Ejército (que perpetraron el hecho) están presos”.
“No creo que la señora Yosleida Montilla, madre de 3 muchachos y tía de dos de las muchachas desaparecidas, quiera convertir esto en un show político como pretende el gobernador (…) Esta madre perdió a sus tres hijos el mismo día”, dijo De Grazia refiriéndose a los casos de José Armando, Néstor Jesús y José Ángel Ruiz Montilla, de 27, 31 y 24 años, respectivamente, quienes están desaparecidos desde el viernes y, al parecer, forman parte de las víctimas mortales.
“Esto puede ser la oportunidad de ponerle el cascabel al gato y hacer justicia en estos casos. Estos grupos armados no operan sin el visto bueno de los funcionarios armados”, dijo De Grazia.
“Reto a Rangel Gómez a que si lo que hemos dicho es falso, y si estos muchachos aparecen vivos, felices y contentos, le pediré perdón públicamente y me retractaré. De lo contrario, él, por vergüenza, debería renunciar a la gobernación. Pero la responsabilidad no es solo del ciego sino de quien le da el garrote, y el gran responsable de lo que ocurre en el país en el tema de la minería es directamente Nicolás Maduro, por lo que debería hacer lo propio. Maduro tiene las manos metidas en todo esto que ha ocurrido”, denunció.
El Gobierno ha sembrado la anarquía
El parlamentario precisó que de los 28 desaparecidos, hay 17 que están identificados porque sus familiares son vecinos de Tumeremo, mientras que los otros 11 son de otras localidades. Todos oscilan entre 19 y 31 años.
Informó que la población de Tumeremo se mantiene en protesta en espera de que las autoridades respondan qué ha ocurrido con sus familiares, y en vista de que han pasado 72 horas y aún el gobernador Rangel Gómez no les ha dado la cara. “Lo que está ocurriendo hoy en Tumeremo no tiene precedentes. Todos los comercios están de paro, todos pagan vacunas a alguna de las cinco organizaciones criminales que actúan en la zona. Minerven comparte sus predios mineros con los pranes”, aseguró.
“Esto puede ser la oportunidad de ponerle el cascabel al gato y hacer justicia en estos casos. Estos grupos armados no operan sin el visto bueno de los funcionarios armados”, comentó.
Explicó que esta situación es consecuencia de la “errada política” del gobierno en esta materia. “Toda esta actividad minera, salvo las de Minerven, son ilegales. Después de la nacionalización del oro en 2011, todas las demás fueron decretadas ilegales, aunque se exploten”, dijo.
“Cuidado y si detrás de este arco minero la exigencia de las grandes trasnacionales, estos que se desgarran las vestiduras con aquello de la privatización, y que se desgarran las vestiduras porque nosotros somos capitalistas y ellos son socialistas, para entregar las minas tengan que actuar de esta manera, liquidando al pueblo. Yo quiero ver a Gold Reserv ocupar las minas que hoy ocupa ´El Guancho´, que tiene más de 10 mil hombres armados. Yo quiero ver cómo se van a meter en esas minas (…) A los chinos le entregaron esa misma concesión en 2011 y nunca pudieron ocuparla. Ahora intentan ocuparla los canadienses”, refirió.
“Están haciendo un fraude de carácter internacional que le puede costar al pueblo de Venezuela muchísima sangre. Toda esta anarquía minera la crearon ellos criminalizando la minería y creando este andamiaje de criminalidad que hoy opera en función del diamante y del otro. No hay ingreso al tesoro público por este oro ni por estos diamantes”, aseguró.