La Asamblea Nacional realizó este domingo una sesión especial, en donde fue declarada permanente y se convocó a los diputados al próximo martes, 15 de marzo, para que con la comparecencia del vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, se discuta la extensión del decreto de emergencia.
Anunció que el Legislativo citará a los ministros del Gobierno del mandatario Nicolás Maduro para decidir sobre la renovación del decreto presidencial de emergencia económica.
Como se recordará, el parlamento rechazó en enero pasado ese decreto de Maduro, pero siguió en vigor gracias a que luego fue validado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máxima instancia judicial, a la que Ramos Allup acusa de estar al servicio exclusivo de los intereses políticos del presidente del país.
El titular del Legislativo añadió, en declaraciones a periodistas en un mitin opositor en demanda de la renuncia de Maduro, que le parecía contradictorio que el jefe de Estado recurriera nuevamente ante la AN, si a la postre no aceptaba los fallos de los diputados.
La decisión de Maduro de no acatar la negativa parlamentaria y sí la autorización judicial llevó a la oposición venezolana a adelantar su búsqueda de una vía constitucional para sacarlo de la Presidencia este mismo año y no esperar al fin de su mandato, en el año 2019.
El Supremo sentenció en febrero que tenía plena validez y vigencia el decreto de emergencia económica que Maduro promulgó el 14 de enero y que declaraba un estado de excepción con vigencia de sesenta días prorrogables por igual lapso.
El presidente del Legislativo y secretario general del partido Acción Democrática (AD, socialdemócrata) acusó a la presidenta del Supremo, Gladys Gutiérrez, de dar sustento a los “filibusteros” del Ejecutivo al emitir una sentencia que anuló el rechazo de la AN.
La sentencia indica que el control político de los diputados “sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos”.
La AN, donde la oposición tiene una amplia mayoría, rechazó el decreto de emergencia económica que promulgó Maduro por considerarlo un “cheque en blanco” para el jefe del Estado.
El decreto permite al Ejecutivo, entre otras cuestiones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
Maduro calificó de “inconstitucional” el rechazo legislativo y anunció que tomaría acciones legales contra Ramos Allup, lo que no ha concretado.
Con información de EFE