Cada día y cada mes que transcurre en Venezuela con Maduro al frente del peor de los gobiernos que ha padecido el país, es un día y un mes más de sufrimiento atroz para todos los venezolanos. El mundo nos tenía por un país rico, con las reservas petroleras mayores del mundo. Y así era hasta que llegó el chavismo al poder, plagado de “enchufados” ambiciosos e ignorantes, que instalaron el castrocomunismo del hambre y la miseria para los demás, y de nuevorriquismo para ellos, los boliburgueses rojitos, a cuyos integrantes, civiles y militares, los vimos pronto en posesión de vehículos y mansiones de lujo (hoy el Country Club es casi todo suyo) y nutridas cuentas en paraísos fiscales, mientras el país se endeudaba y se empobrecía hasta llegar a la indigencia de hoy, sin divisas, sin comida, ni medicinas, ni repuestos para nadie (excepto para ellos). Contra este enorme engaño, trastocado en hambre, enfermedades y abandono oficial, el pueblo votó masivamente en las elecciones legislativas del 6-D, frente a cuya derrota Maduro, siguiendo su propósito de no abandonar el poder, arremete contra la soberanía popular, a través de su brazo político, el tsj (con minúscula). Cada vez que la AN hace uso de sus potestades constitucionales para restablecer los derechos democráticos en el país, la sala (in)constitucional castra ilegalmente las atribuciones del Poder Legislativo, hasta llegar a la minusvalía de ahora.
Con los poderes Ejecutivo y Judicial alineados contra la voluntad electoral del pueblo y con un delictivo abandono de su obligación de solucionar los insufribles problemas económicos generados por la galopante corrupción e ineptitud oficiales, Maduro juega al desgaste del liderazgo opositor en la AN, a través de las inconstitucionales sentencias de su tsj y de las insultantes campañas difundidas por su masivo aparataje mediático. Ni un solo mea culpa del “liderazgo” rojo sobre las inhumanas colas de los millones de personas que esperan, ante anaqueles vacíos de mercados y farmacias, los alimentos y medicinas que necesitan para no morir. Ni una sola expresión de autocrítica ante el caos nacional: solo falsas acusaciones y hasta burlas repetidas contra la oposición. “Lo que han destruido en 17 años no puede ser reconstruido en 2 meses” replica, con razón, el diputado Enrique Márquez, vicepresidente de la AN, ante expresiones aberrantes como las del oficialista Héctor Rodríguez de que “en estos 3 meses la AN no ha sido útil para los venezolanos, porque no han logrado nada en el tiempo que llevan dirigiendo el Poder Legislativo”, a sabiendas de que el indecente tsj que ellos controlan se ha declarado enemigo de la soberanía popular y de la Constitución, con sus sentencias ajustadas a las órdenes del régimen chavista. Este personaje expresó hace tiempo que no era conveniente sacar al pueblo de la pobreza, porque podían convertirse en “escuálidos”, y no hace mucho culpaba de los problemas del país a la “incultura” e “ignorancia” del pueblo.
Cierto que la oposición está trabajando duro desde la AN para cambiar los instrumentos legales que permitan restablecer la justicia perdida en el país y lograr que Maduro abandone el cargo. Por ejemplo, esta semana fue aprobada en primera discusión la Ley Orgánica de Referendos, para adaptarla a la Constitución y evitar que se repitan ignominias como la “lista Tascón”, que tanta persecución, despidos y miedo causó entre los venezolanos. Esa ley no solo acortará el camino al revocatorio, como afirma el diputado Julio Borges, sino que impedirá al Ejecutivo y al tsj tener acceso a la lista de votantes y otras formas de presión. A causa de la prohibición del tsj de la acción contralora de la AN, el Parlamento está comenzando a recibir críticas opositoras sobre su aparente lentitud y hasta su posible ineficacia. La colega Marianella Salazar se queja de que a casi 3 meses de estar la AN “con abrumadora mayoría” aún no haya “destituido a ese nido de artimañas (tsj)” y pide “exigir a la MUD que apruebe urgentemente la destitución de esos magistrados exprés designados fraudulentamente”, a la par que solicita “la movilización nacional para exigirle la renuncia a Maduro”, petición extendida, que no parece escuchar la dirigencia opositora, dado que no han convocado a manifestación pacífica alguna. Hay quejas también sobre las voces discordantes en la MUD con fórmulas distintas para salir de Maduro (revocatorio, renuncia enmienda, etc.), opciones sin dilucidar aún, que ocurren paralelas a la desesperación popular ante la criminal escasez de medicinas y alimentos y la inflación más alta del mundo, problema cuya solución no descansa en la voluntad de la AN, sino en la irresponsabilidad de un Maduro incapaz, dilapidador y sectario.
Así las cosas, bueno sería que la AN no se dispersase, a partir de ahora, en actividades que, aunque necesarias, no tengan la urgencia que requieren dos asuntos fundamentales: acabar con el viciado monopolio del chavista tsj y agilizar los mecanismos más seguros para salir rápida y democráticamente de Maduro. Dado que la sala (in)constitucional de 7 miembros (3 de ellos exprés) sentenció que la “AN no tiene competencias para destituir o anular magistrados”, urge la reforma inmediata de la Ley Orgánica del TSJ que aumente el número de magistrados no solo de la tan podrida sala, sino de todas las demás (a 70 en total: un atajo contra los reyes del atajo). A 2 rectores chavistas del CNE se les vence este año su período, así que, con un CNE de 3 independientes contra 2 chavistas, las manipulaciones perversas cesan. Y mucha calle, calle pacífica y más calle. No hemos visto reclamos públicos masivos a favor de la incorporación de los 3 diputados de Amazonas (el horror de Tumeremo puso al pueblo en la calle). Y paciencia: mucha paciencia. El régimen está aislado nacional e internacionalmente, tanto que la AON advierte que invertir en Venezuela es tan peligroso como hacerlo en Siria o Irak, de ahí que Maduro apele al “decreto del arco minero” suspendiendo garantías constitucionales y raspando la olla minera. Nicolás se sostiene entre los alfileres de su sala (in)constitucional y el frágil apoyo de militares y civiles vinculados al narcotráfico y a la corrupción. Signos cada vez más perecederos de un poder que no puede seguir sosteniéndose con la soberanía popular masivamente en contra.