Para el Movimiento al Socialismo (MAS) ha habido exceso de opacidad por parte del Gobierno nacional en cuanto al tratamiento dado a la masacre de 28 mineros, hecho ocurrido en Tumeremo, estado Bolívar. María Verdeal, vicepresidenta nacional de la tolda naranja, señaló que a pesar de que testigos señalaron un culpable y ofrecen evidencias, ha habido demoras en la orden de aprehensión para el supuesto autor.
Nota de prensa
“El Gobierno con diferentes versiones que tenían, pareciera que estuvieron elaborando lo que dijeron recientemente. Testigos presenciaron, familiares dieron fe de la desaparición de las víctimas y lo que faltaba era la aparición de los cuerpos, cosa que ya ocurrió y lo dijo la Fiscal General” explicó.
Señaló que este hecho denota que es la Fiscalía General de la República (FGR) y no la Defensoría del Pueblo la institución que adelantará las investigaciones, a pesar de haber denuncias de los familiares sobre presunta acción de funcionarios policiales y de Gobierno regional de Bolívar en este caso. “Eso no podemos afirmarlo, pero hay versiones que involucran a organismos de seguridad y del Ejecutivo regional en conjunto con el hampa organizada”.
No obstante, resaltó que ha habido un manejo gubernamental poco claro y con esto, destacó la versión de enfrentamiento entre bandas dada por el Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) que luego fue negada por el Gobernador de Bolívar, Rangel Silva; y señaló que el Ministro, al anunciar vinculación de funcionarios castrenses en el hecho y pedir que no se involucre a todos los componentes militares en “ese dantesco hecho” dejó entrever que el Ministro conocía lo ocurrido. En ese sentido, recordó que muchos altos funcionarios se trasladaron hacia esa entidad, pero manejaron con hermetismo las informaciones.
“Nos causa extrañeza la actuación del Gobierno ante las evidencias de las desapariciones, los señalamientos hacia alias “El Topo” como presunto autor intelectual. Una semana después es que libran orden de captura” dijo la dirigente.
Verdeal expuso que “las dudas y nubes” en torno a este caso generan expectativas sobre lo ocurrido en Bolívar y permite las especulaciones. “Hemos denunciado en reiteradas oportunidades organismos de seguridad del Estado y hampa están emparentados, ocurre en sectores populares, en Miranda y Distrito Capital” señaló.