Ante la comisión de un delito lo correcto es que la policía investigue, la Fiscalía impute y los tribunales sancionen al responsable, tal como lo señalan la Constitución y el Código Penal. Pero en Venezuela la realidad es otra: ante la impunidad y la ineficiencia del sistema de administración de justicia, algunos ciudadanos han caído en la tentación (que también es un delito) de hacer justicia por mano propia.
Cada vez más circulan en Internet videos sobre linchamientos o intentos de linchamientos, con alarmante simpatía de parte de la población. Lo peor es que el gobierno no cumple sus obligaciones de prevenir y sancionar la llamada autojusticia. En verdad, se trata de brutal venganza que, insistimos, debe ser sancionada efectivamente.
Como si estuviéramos en la época de Julio César, 50 años antes de Cristo, cuando se quemaba a los ladrones, el pasado miércoles 9 de marzo trascendió la salvaje escena de un delincuente quemado en plena vía pública. El hombre habría sido sorprendido in fraganti por los vecinos de Los Frailes de Catia cuando robaba una unidad de transporte público. En vez de entregarlo a las autoridades para que fuera detenido, enjuiciado y sancionado, lo sometieron y le prendieron fuego.
Este lamentable acontecimiento no es aislado. Estamos ante una amplia secuencia de linchamientos a lo largo y ancho del país, tanto en zonas urbanas como rurales. Es una manifestación de violencia colectiva que, a la par de la violencia común y organizada, nos amenaza y compromete la paz y seguridad que el gobierno se supone debe garantizar.
Hacer justicia por propia mano evidencia los extremos de la crisis que envilece el aparato judicial y policial venezolano.
“La mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad, para nuestro pueblo” es el objetivo N° II del Programa de la Patria 2013-2019. Pero, al contrario de lo que dice ese documento, la sociedad venezolana y el ciudadano no están felices, tranquilos ni seguros. Por el contrario, están indignados, angustiados y desmoralizados.
El venezolano que se resiste a tomar venganza por mano propia y convertirse en un delincuente reclama justicia efectiva y el restablecimiento de la convivencia pacífica que el Estado debe garantizar.
En Venezuela hay una crisis de autoridad, cuyos elementos fundamentales son la inseguridad generalizada y la inoperancia de las instituciones públicas frente a fenómenos tan preocupantes como los linchamientos. Esta crisis se manifiesta en la desobediencia a la persona en la que recae la autoridad y el cuestionamiento de las instituciones y las leyes que las sustentan.
Esta crisis de autoridad no se supera con retórica ni con más violencia gubernamental, puede ser superada con la modificación de prácticas de algunas de las personas en las cuales recae la función pública y que no cumplen con esta.
El gobierno debe entender el verdadero significado de los linchamientos. Es una reacción primitiva y punible frente a la incapacidad y negligencia de las instituciones.
En definitiva, la crisis de autoridad es la causa más profunda de la violencia social y, a través de los linchamientos, ha dejado al descubierto límites sociales rotos.
Los linchamientos no son ni pueden ser la expresión de una causa justa. La violencia tampoco puede ser la mejor forma de solucionar los conflictos. Ante el desbordamiento del hampa el Estado tiene que adoptar medidas urgentes. De lo contrario, también quedará al descubierto su responsabilidad por omisión.