La búsqueda y difusión de información en Venezuela implica un riesgo importante que es alimentado por una serie de acciones y omisiones. Los acosos e insultos de altos funcionarios nutren un escenario de hostilidad que se traduce en amenazas de cuerpos de seguridad y particulares. La intimidación, aunada a la omisión de las denuncias dispone las condiciones ideales para una impunidad legitimada en la práctica. La ceguera estatal constituye parte activa de las violaciones a la libertad de expresión, su ausencia implica falta de garantías, la amenaza directa de la mano de funcionarios empeora la situación y radicaliza la impunidad al encarnarla.
Ocho casos entre amenazas e intimidaciones se registraron en el segundo mes del año. Los equipos de sucesos de Venevisión y Televen fueron amenazados de muerte el 04 de febrero durante la cobertura de un homicidio en el sector Coche, de Caracas. Ese mismo día, funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) detuvieron a los periodistas Pedro Márquez, de Selecta 102.7 FM, y Jhom Parra, de Sierra 99.1 FM, mientras cubrían la detención de un sujeto presuntamente involucrado en un atraco en el centro de Machiques, en el Zulia.
El 17 de febrero, el reportero gráfico de La Región Web Irbel Useche fue detenido por la Guardia Nacional (GN) mientras hacía la cobertura de un accidente de tránsito en el kilómetro 8 de la Carretera Panamericana en Caracas donde murió un funcionario. El reportero gráfico Jesús Medina Ezaine fue hostigado por segunda vez tras informar sobre temas penitenciarios. En esta ocasión el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), a través de la publicación de una nota en su portal web acusó al periodista de estar involucrado en hechos delictivos y de estar aliado con un “pran” del Centro Penitenciario de Aragua.
La cobertura de procedimientos oficiales y hechos delictivos conlleva importantes limitaciones y resistencias, en particular por parte de los cuerpos de seguridad, quienes en lugar de garantizar el acceso a la información, lo impiden. En nueve oportunidades, funcionarios y organismos de seguridad obstaculizaron, negaron o criminalizaron el ejercicio de la libertad de expresión.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, y el diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sostienen un discurso combativo que ubica a la prensa como enemigo político, lo que alienta la descalificación, las amenazas y agresiones desde cualquier sector violento. Maduro arremetió por cuarta vez contra Globovisión en lo que va de año. Y Cabello acusó a los medios privados de pagar por la aprobación de la Ley de Amnistía en el Parlamento.
Las restricciones para la compra de papel prensa e insumos para la imprenta sigue causando estragos. El 28 de febrero se sumó el periódico La Prensa de Monagas a la lista de cinco medios que han salido de circulación o reducido su formato ante la escasez de recursos en lo que va de año. El medio monaguense suprimió la publicación de su revista “Etcétera”. Hace tres años el tiraje del diario se ubicaba en 32 mil ejemplares y actualmente es de 3500.
El maniqueísmo de la conducta estatal que va de la ausencia al abuso conduce a los ciudadanos a realizar acciones desesperadas a fin de exigir justicia. La periodista Gabriela Aguilar, corresponsal en el estado Aragua del portal informativo El Pitazo, fue secuestrada en el sector San Vicente, en Maracay, por un grupo de residentes de la zona como medida de presión para que otros medios de comunicación cubrieran sus denuncias contra la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).
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