Durante 2015 los constructores privados no solicitaron créditos a la banca -provenientes de la Cartera Hipotecaria Obligatoria- para la edificación de viviendas, pues resultaba insuficiente para cubrir los costos y este año tampoco lo harán, aseguró el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos González, en el I Foro Legal Inmobiliario, organizado por el gremio junto con la Cámara Inmobiliaria Metropolitana.
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“La construcción de viviendas para la clase media seguirá paralizada”, aseguró. La causa, explicó, es que el precio de construcción que ha fijado el gobierno para los inmuebles, de acuerdo con los montos establecidos por el programa 0800-Mihogar, no les alcanzan a los promotores para adquirir el terreno, hacer el urbanismo, edificar las viviendas, áreas comunes y pagar por el equipamiento.
Indicó que si bien el 14 de marzo el Ministerio de Vivienda y Hábitat aumentó el precio de los inmuebles este sigue siendo insuficiente. De entre 500.000 y 1,4 millones de bolívares que costaba un inmueble, según el Fondo Obligatorio de Vivienda, el monto fue incrementado a entre 3 millones y 3,9 millones de bolívares dependiendo de si mide 60 u 80 metros cuadrados. Sin embargo, solo el sistema para los ascensores cuesta casi 4 millones de bolívares, indicó.
González lamentó que no hayan sido consideradas las sugerencias que el sector hizo en las mesas de trabajo del Motor Construcción. Advirtió que fijar el precio del metro cuadrado para una vivienda unifamiliar en 49.627,59 bolívares; 47.856,88 bolívares para las tetrafamiliares; 59.354,59 bolívares para las multifamiliares con hasta 5 pisos y en 64.960 bolívares para las de más de 6 pisos equivale a impedir que los constructores privados contribuyan a satisfacer el déficit de vivienda del país.
“El gobierno se quedará con los 300 millardos de bolívares que se destinaron a la cartera inmobiliaria y los recursos entrarán al flujo de caja de la Gran Misión Vivienda Venezuela”, añadió.
Agregó que con ese monto los promotores privados podrían edificar entre 30.000 y 40.000 inmuebles y contribuir a reducir el déficit que asciende a 3 millones.
Paralizado mercado de alquiler. La abogada Cora Farías, quien también participó en el foro, dijo que con la legislación vigente en materia inmobiliaria se viola el derecho de equidad y el debido proceso porque el objeto de protección es únicamente el arrendatario.
“Aunque el arrendador cuente con una sentencia a favor no se puede desalojar al arrendatario ni recuperar el inmueble alquilado porque se debe contar con un refugio para el inquilino”, dijo. Aseguró que tal situación ha paralizado al sector alquiler.
Señaló que debido a los controles, los alquileres actuales están al margen de la ley con cláusulas arbitrarias o el canon se establece en dólares. Estas prácticas son rechazadas por el sector.
Indicó que el procedimiento que se debería cumplir antes de alquilar un inmueble empieza en la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, institución ante la cual se solicita el precio justo del canon de arrendamiento. Sin embargo, el organismo no considera la ubicación del inmueble para el cálculo del canon y con los montos que establece no se paga ni el condominio. “El control indujo a los ilícitos inmobiliarios”, dijo.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Roberto Orta, señaló que la intención del foro es la discusión de las leyes y el planteamiento de sugerencias para en un futuro llevarlas a la Asamblea Nacional para su evaluación.