Los regímenes totalitarios, particularmente los comunistas como el de Nicolás Maduro, dan preeminencia a los derechos económicos, sociales y culturales sobre los derechos civiles y políticos, para justificar los atropellos a las libertades individuales, a la vida, la integridad física de las personas, como una vez lo diría Cilia Flores cuando declaró a los medios que prefería comer, tener una vivienda digna, educación de calidad y gratuita y salud integral que votar, elegir y expresarse libremente.
Pero en realidad, estos regímenes utilizan esa separación de los derechos que en definitiva son únicos, para engañar al pueblo y sobre esa base imponerse y dominar, lo que constituye en todo caso una farsa de estos gobiernos, pues en la práctica además de negar los derechos fundamentales, niegan derechos básicos como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda. Los ofrecen y dicen garantizarlos, pero más bien resulta todo lo contrario, incumplen y dejan en el pueblo la esperanza, una esperanza perversa que lo que busca es crear la mayor miseria para imponerse.
En Venezuela, el régimen militar-cívico dominante hace con sus políticas, cada vez más pobres y miserables a los venezolanos. Le secuestra al pueblo su libertad, su derecho a expresarse. Hoy, los venezolanos no pueden acceder a la comida, tampoco a las medicinas, la educación es un caos basado en un libreto extranjero y la vivienda una quimera que apenas permite a los beneficiarios protegerse de las lluvias y del sol.
Venezuela, gracias a estas políticas, más elaboradas que lo que muchos imaginamos, enfrenta una real crisis humanitaria sin precedentes ante la cual la comunidad internacional representada por los gobiernos, las instituciones y los órganos internacionales, tiene el derecho y el deber de actuar. Los revolucionarios ignoran todo lo que no les conviene, más cuando se trata de reglas. Así, ignoran y desprecian la evolución del Derecho Internacional y el surgimiento de nuevas normas, entre ellas, el derecho de los pueblos a la asistencia humanitaria por desastres naturales, crisis humanitarias como la planteada hoy en el país, cuando sus gobiernos no son capaces o no tienen la voluntad de enfrentarla y superarla.
La comunidad internacional, es decir, los órganos internacionales competentes: las Naciones Unidas y la OEA y al mismo tiempo las instituciones universales y regionales como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, la FAO, entre otras, debe declarar a Venezuela en crisis humanitaria, para que se permita la canalización de la ayuda y la activación de todos los mecanismos para hacer frente a la crisis sin que ello pueda calificarse, como usualmente lo hacen los seudo revolucionarios para esconder su fracaso y evitar el escrutinio que impone el Derecho Internacional en estos casos, de injerencia en los asuntos internos del país.
Los venezolanos tenemos derechos individuales y colectivos como pueblo. Nadie puede arrebatarnos nuestro derecho a la alimentación y a la salud, en esta crisis que hoy nos afecta a todos, independientemente del color político o de la condición social, una división en la que se ha empeñado el régimen chavista y ahora maduro, para imponer su despiadado proyecto político de empobrecer y subyugar a la población para perpetuarse en el poder.
La Asamblea Nacional, los partidos políticos, la sociedad civil venezolana en general deben actuar sin demora y solicitar a la comunidad internacional, es decir, a los órganos internacionales competentes y a los gobiernos democráticos del mundo, una actuación urgente para evitar que la crisis termine de acabar con un pueblo que hasta finales del siglo pasado disfrutaba de sus derechos, lo reconozcan o no.
@CarmonaBorjas