La periodista de investigación Sebastina Barráez en su columna en el semanario Quinto Día hace algunas precisiones sobre la masacre de Tumeremo y de la minería ilegal en la zona. Dice cosas como que los pranes controlan un territorio tan extenso como de 8.000 kilómetros cuadrados.
MINEROS. El terrible e increíble rumor del asesinato de un grupo de mineros en Bolívar, se convirtió en verdad. Por caminos de tierra, al sur de Bolívar, se llega al lugar donde ocurrió la masacre. Bajo metros de tierra estaban los cadáveres. No lo pudo ocultar el cinismo. Aunque el gobernador Rangel Gómez corrió a desmentir la noticia, a descalificar al diputado De Grazia, a ridiculizar el hecho, la verdad salió como el sol. A eso se le suma la irresponsable política comunicacional de los medios del Gobierno tratando de silenciar los hechos. La anarquía reina en la zona de Sifontes y la Gran Sabana. Eso involucra a los municipios Roscío (El Callao y Guasipati), Sifontes (Tumeremo y San Martin de Turumban, que colinda con la frontera de la zona en reclamación por el Río Cuyuni) y el municipio Gran Sabana. Son ejes comandados por distintos pranes, sea el sindicato del Km. 88, cuyo asentamiento central está ubicado en el km 33, en el municipio Sifontes. En esta zona están ubicados distintos centros de explotación minera. Los pranes controlan más de 8 mil kilómetros cuadrados, incluyendo áreas de navegación fluvial tanto del Cuyuní (Sifontes) como Caroní, Karuay, Aponwao (Gran Sabana). Todo es extorsión. Allí convergen con los pranes representantes de la fuerza pública (incluyendo funcionarios de la Policía del estado Bolívar y militares). El eje Tumeremo a San Martin de Turumbán es una área supeditada a las órdenes de un joven, hijo de un alto funcionario; en las adyacencias de El Callao se cobra vacuna. El asesino de los mineros sería Jamilton Andrés Ulloa Sánchez (43 años) alias El Topo, con amplio prontuario criminal. Hay quienes se atreven a decir que entre los muertos o desaparecidos hay varios integrantes de la banda que se enfrentó a la de El Topo. Hay 17 cadáveres, dos de ellos son mujeres. Es plausible que la fiscal general Luisa Ortega dio una respuesta seria y a tiempo. No hay duda que la respuesta del Ministro de la Defensa y del Presidente Nicolás Maduro contribuyeron a que el silencio no arropara el atroz hecho.
Lea completa la columna de Barráez en Quinto Día