La diputada a la Asamblea Nacional por la Unidad, Dignora Hernández aseveró que para los venezolanos hoy por hoy no constituye ninguna novedad la deficiencia e inoperancia de los servicios públicos; las recurrentes fallas eléctricas, el desabastecimiento de alimentos, la falta de agua, la ausencia de medicinas así como de equipos médicos necesarios en ambulatorios y hospitales, la falta de transporte público evidenciado en esta Semana Mayor, en la anarquía de las terminales de pasajeros y las fallas en la distribución del gas doméstico entre otros.
Hernández destacó a las carencias y dificultades que enfrentan los venezolanos se le ha sumado una desatada violencia de Estado, “con la cual se pretende amedrentar al pueblo para que no proteste y acallar las voces de sus representante ante la nueva Asamblea Nacional, convirtiéndose en un verdadero viacrucis que niega la paz del país aun en días santos”.
Recordó que con el Decreto que declara no laborable la Semana Santa “se agudiza la situación de los servicios en Venezuela, toda vez que la demanda de pasajeros en terminales está colapsada, sumado a la deficiencia en los otros servicios públicos descritos evidencian el deterioro de la calidad de vida a la vez que no constituye un ahorro energético significativo, ya que las labores diarias y la cotidianidad de un mundo globalizado dependen casi en su totalidad del suministro eléctrico, a la vez que impacta negativamente la productividad de un país en crisis. Medidas como estas ponen de manifiesto el desatino del gobierno y su escasa capacidad de respuesta ante las dificultades que afronta, por lo que apela al formato de la violencia institucional para detener las protestas ciudadanas”.
La también dirigente nacional de Cuentas Claras insistió en que “este gobierno de improvisaciones y mala gerencia ha instaurado la violencia institucional para detener el ímpetu de un pueblo que clama cambio. En los últimos días hemos asistido no con extrañeza, pero si con muchísima preocupación por el alto nivel de peligrosidad que representa a una escalada de violencia institucional orquestada desde las altas esferas del poder, cuyas acciones se encaminan a torpedear, amedrentar y hasta a amenazar a los ciudadanos y a sus representantes legítimamente electos para impedir ‘como sea’ ser quitados de un poder que ya legítimamente no les pertenece, puesto que no cumplieron con las funciones para las cuales fueron electos, lo cual constituye en sí mismo un abandono del cargo”.
Asimismo indicó que “cual fariseos los voceros del gobierno en sus sermones, hacen gala de su amor por el prójimo para justificar luego una serie de acciones destinadas a generar confrontación entre hermanos y sobre todo, dirigidas a contener mediante la violencia institucional el dique que aguanta las protestas ciudadanas que exigen mejoras en la calidad de los servicios públicos”. De la misma manera señaló que “contrario a la violencia física, la violencia de Estado se legaliza a través de las instituciones, constituyendo las malinterpretaciones jurídicas del TSJ, las preferidas hasta ahora por el PSUV-GOBIERNO , mientras que las amenazas solapadas al fotografiar a quienes compran o reciben alimentos por parte de entes del estado, la persecución contra quienes hacen colas para llevar el sustento diario a casa, el endoso de la crisis a los padres al responsabilizarlos de que sus hijos estén en las colas y no en los colegios son las preferidas para promover el terror en los ciudadanos bajo un manto de legalidad”.
La diputada Dignora Hernández precisó que desde la AN están comprometidos moralmente y obligados constitucionalmente a generar el cambio de un gobierno reactivo y fallido que ante su incompetencia para dar seguridad en todos los ámbitos a sus gobernados, prefiere su propia seguridad por lo que encomienda a los poderes públicos arrodillados, así como a sus fanáticos y pseduo colectivos mantenerlo en el poder.